Por proporcionar información falsa para obtener un contrato con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2017, la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó sancionar a las empresas Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. (Dimesa), y Laboratorios Pisa, S.A. de C.V., con una inhabilitación por 30 meses y multa por un millón 170 mil 95 pesos a cada una.
“Las empresas presentaron documentación con la que aseguraban contar con las condiciones técnicas para cumplir con el contrato; sin embargo, dicha información no respaldaba plenamente la oferta, lo cual representaba un riesgo para la salud de los derechohabientes del IMSS”.
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A través de un comunicado, la dependencia explicó que ambas empresas infringieron el artículo 60, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por actuar con dolo y proporcionar información falsa para obtener un contrato con el IMSS.
Durante el proceso de adjudicación de servicio integral de anestesia en 2017, dijo que las empresas presentaron documentación con las que aseguraban contar con todas las condiciones técnicas para cumplir con el contrato.
Sin embargo, la información aportada no respalda plenamente la oferta, por lo cual, representó un riesgo para la salud de los derechohabientes del IMSS.
Asimismo, la SFP advirtió que no permitirá la impunidad ante hechos que infringen la ley en materia de compras y contrataciones públicas.
Descartan afectación a IMSS
El director del IMSS, Zoé Robledo, dijo que se espera que existan afectaciones por la inhabilitación de la SFP al laboratorio Pisa.
“Las claves que provee Pisa como laboratorio, ninguna de ellas es de fuente única de abasto, es decir, en todos los casos existe fuente de proveduría externa, por lo que esperamos que esta situación no afecte la operación del Seguro”, dijo en su conferencia semanal.
En tanto, Laboratorios Pisa aclaró que el alcance de la inhabilitación es exclusivo para las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, cuando las adquisiciones se realicen con cargo total o parcial a fondos federales.
“Esta inhabilitación no incluye ventas a hospitales privados, farmacias, mayoristas, distribuidores del sector privado en general, ni entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, cuando las adquisiciones se realicen sin cargo a fondos federales”, señaló a través de un comunicado.
Y enfatizó que los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados y vigentes con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal no quedan comprendidos en esta inhabilitación, “por lo que continuaremos surtiendo órdenes de compra amparadas en los contratos vigentes”.