Quién sabe si los resultados de las elecciones en Coahuila e Hidalgo, el domingo pasado, cambiaron la perspectiva de los militantes de Morena respecto a quién deberá ser el presidente del partido.

Porque indudablemente Morena ha pagado el costo del ejercicio del poder y vive una crisis interna que se ha visto en los ataques entre los muchos aspirantes a la presidencia nacional del partido.

Ayer concluyó la encuesta realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) para conocer quién será el próximo presidente del partido; los resultados podrán darse a conocer hoy o mañana, a más tardar.

Y a partir de esa información, comenzarán los ajustes de cuentas en el partido.

Los agravios entre los aspirantes han sido muchos y graves.

Comenzando por la acusación de Alfonso Ramírez Cuéllar en contra de Yeidckol Polevnsky por no haber comprobado el gasto de más de 360 millones de pesos.

Ni que decir las acusaciones que cruzaron Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, que fueron más allá de frases de campaña.

Como ocurría con el PRD después de cada elección de su presidente, en Morena comenzarán los ajustes de cuentas, porque ya se vio que como partido no comparten el “amor y paz’’, la “solidaridad’’ que pregona su líder máximo.

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Aunque Morena celebró como si México hubiera ganado el mundial de futbol, en realidad lo que aprobó ayer su mayoría en la Cámara de diputados no fue la consulta para sancionar o no a los “expresidentes’’ sino a los “actores políticos’’, lo que no es lo mismo aunque parezca igual.

Y es que esa fue la pregunta que diseñó y aprobó la Corte; sin nombres, como entes, sin fechas a partir de la cual los “actores’’ pueden ser sujetos de la consulta -igual pueden juzgar a Cristóbal Colón, ahora que está de moda’’.

Parece una victoria pírrica de Morena y de su principal impulsor, el presidente López Obrador, porque dada la complejidad de la pregunta y sobre todo el costo que implicará realizar la consulta, perdieron más de lo que ganaron.

El tema, sin embargo, será utilizado políticamente como un logro de la 4T.

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Poco se sabe sobre las sanciones que impuso la Comisión Federal de Competencia (Cofece) en noviembre pasado, a la empresa Falcón, quien se coludió con otras empresas en contra de los intereses del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La Cofece impuso sanción a los dueños de Falcon, Noé y Rolando Ramírez Garza, Alejandro Bolin y a Agustín Amaya Chávez, ex coordinador de Bienes y Contrataciones de Servicios del IMSS, quien en el 2008 adjudicó contratos directos por 80 millones de pesos para surtir 6 millones de piezas de calcio efervescente, hecho que fue denunciado ante la ex PGR.

Si las denuncias de la Cofece prosperan en el ámbito judicial, las penas para socios y directivos de Falcon pueden ser desde el 10% de sus ingresos anuales (para personas morales), inhabilitación de hasta cinco años para el ejercicio de cargos directivos, en caso de personas físicas, o privación de la libertad hasta 10 años.

A ver.

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Tanto peleó su derecho a contagiarse, que parece que al fin lo logró.

El principal opositor al uso generalizado del cubrebocas, Gerardo Fernández Noroña, informó en un tuit que “presentaba algunos síntomas’’ y que por precaución se había hecho una prueba de Covid-19, además de aislarse preventivamente.

Hoy le darán los resultados del estudio.

Ojalá que le vaya bien, por más que sus detractores le decreten “karma’’.

LEG