El fast track que Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aplicaron para la aprobación, en Comisiones, de la reforma a la Ley General de Salud que permite al Gobierno federal disponer de 33,000 millones de pesos del Fondo del Bienestar para la Salud, no les alcanzó en el pleno.

La oposición reventó el quórum por lo que los morenistas tendrán que esperar hasta hoy para celebrar la desaparición del Fondo para Enfermedades Catastróficas, hoy Fondo de Bienestar para la Salud.

La prisa de Morena por aprobar a sangre y fuego esta reforma tiene que ver con el hecho de que el Senado deberá aprobar, por ley, a más tardar el último día de este mes, la Ley de Ingresos.

Retrasar una semana la discusión en San Lázaro habría significado dejar sin posibilidades legales de incluir esos 33,000 millones de pesos como un ingreso para el próximo año.

En realidad no es un ingreso porque los recursos no provienen del cobro de impuestos o de servicios; estaban ahí constituidos como fideicomiso y ahora serán entregados a la Tesorería de la Federación supuestamente para la atención de la emergencia sanitaria.

¿Cómo se atenderán las enfermedades catastróficas si el Insabi sigue siendo un bodrio ineficiente y costoso? ¿Cómo se atenderán los ex beneficiarios del seguro popular si ni siquiera hay un padrón para registrarse o recuperar los expedientes particulares de varios años?

Haiga sido como haiga sido, citando a un clásico mexicano, ese fondo será liquidado y ahora los mexicanos sin seguridad social no solo no tendrán el sistema de salud nórdico que prometió López Obrador para su tercer año sino que tendrán que batallar doble para que puedan ser atendidos en algún hospital público.

Por cierto, México superó ayer los 900 mil casos de contagios y hoy superará los 90 mil muertos por Covid.

Pero estamos domando a la pandemia.

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El presidente López Obrador insiste en atizar el fuego de la disputa que mantiene con 10 gobernadores por los recursos federales.

Ayer les dijo a los mandatarios estatales que si querían romper el pacto federal, que primero consultaran a sus ciudadanos.

Ni tardos ni perezosos, los gobernadores de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Chihuahua y Nuevo León, le respondieron que sí, que por ellos no había problemas.

El asunto es que, como ha ocurrido con otros sectores y actores políticos y económicos en el país, los gobernadores también ya se dividieron.

Los mandatarios estatales de Baja California, la CDMX, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Morelos, acusaron a sus colegas de la Alianza Federalista de actuar con intenciones exclusivamente electorales, tal como lo dijo en la mañanera el Presidente.

Los gobernadores de Morena pidieron a los otros diez que amagan con romper el pacto federal, que se “serenen’’ y entiendan que los tiempos son otros, que aprendan a gastar sin lujos, etcétera, etcétera.

Y así, hasta que no haya una voz prudente que medie entre las partes, el tema escalará en los próximos días.

Como si el país no tuviera ya suficientes problemas.

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El presidente del PAN en San Luis Potosí, Juan Francisco Aguilar, quería aplicar encuestas estilo Morena para descalificar a los aspirantes a la gubernatura que no alcanzaran los tres primeros lugares en los sondeos.

Eso no le pareció al senador con licencia Marco Gama que levantó la voz en defensa de los derechos político-electorales de los aspirantes además de que no era lo que el Consejo Político estatal del partido había autorizado como método.

Este será a través del voto secreto y directo de la militancia.