La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 48/2020 al Comisionado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, por la violación de derechos humanos a 26 internos en el Centro Federal de Readaptación Social en Huimanguillo, Tabasco (CEFERESO 6) el cual fue cerrado el 21 de octubre.
El 12 de marzo de este año se realizó un operativo de inspección en los Módulos I, II, III, IV, y V del penal a cargo del Director General, al mando de 149 Oficiales de Seguridad Penitenciaria.
En esta acción 26 reclusos resultaron con lesiones a consecuencia de un uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades responsables del Centro. La revisión inició a las 21:05 horas y finalizó a las 02:10 horas del día siguiente.
Posteriormente, un Visitador Adjunto de la CNDH, de profesión médico, entrevistó a 24 de los 26 afectados, quienes coincidieron en señalar que ese día, los elementos de Seguridad y Custodia los sacaron de sus estancias, los desnudaron y los hincaron por varias horas, además de que les rociaron un gas. También los golpearon y les dieron toques eléctricos en diferentes partes del cuerpo.
Por lo anterior la CNDH formuló puntos recomendatorios al Comisionado de Prevención y Readaptación Social, consistentes en que en un plazo no mayor a 30 días naturales y que se concluya máximo a los 180 días naturales el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) generará y ejecutará un plan integral individual de reparación para las víctimas.
Además tendrán que brindar apoyo médico, psicológico y tanatológico con motivo del trato indigno de que fueron sujetos por parte de las autoridades responsables, y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.
Asimismo deberán colaborar en la integración de la carpeta de investigación iniciada en la Fiscalía General de la República con Sede en Cárdenas, Tabasco, con motivo de los hechos; entre otras acciones.
El 21 de octubre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cerró el penal anunció por no contar con la infraestructura, recursos humanos y materiales suficientes para atender a las personas privadas de su libertad.
ica