Un proyecto de inscripción de votantes está compensando a las madres latinas por sus publicaciones en redes sociales sobre cambio climático, mientras que un comité de acción política (PAC) está pagando a ocho usuarios influyentes de TikTok por videos que ayuden a que los jóvenes voten por el demócrata Joe Biden.
La táctica de pagar a los llamados “influentes” y otros por crear y publicar contenido político está popularizándose en los sitios de redes sociales.
Si bien Facebook Inc y Google de Alphabet Inc en estos días están pausando la propaganda electoral sobre la votación del martes en Estados Unidos, el contenido patrocinado publicado por creadores de redes sociales aún está permitido en sus plataformas.
“En este momento estamos desarrollando planes sobre cómo enviar mensajes durante ese periodo”, dijo Christian Tom, director de asociaciones digitales en la campaña de Biden. “Sospecho que los socios digitales en general (…) estarán en el centro de cómo abordemos esa necesidad de comunicación”.
Grupos políticos y estrategas dicen que trabajan con microinfluentes pagados -personas con unos pocos miles de seguidores comprometidos en las redes sociales- que publican en plataformas que incluyen la aplicación de video de propiedad china TikTok, YouTube y los servicios WhatsApp e Instagram, propiedad de Facebook.
Los grupos que remuneran a los microinfluentes y a otros usuarios de redes sociales por contenido durante esta elección incluyen al PAC progresista NextGen America, al grupo de estudiantes conservadores Turning Point USA y la campaña presidencial demócrata.
Pero los investigadores de redes sociales dicen que la práctica, que tiene escasa regulación federal, difumina los límites sobre lo que constituye propaganda digital y plantea preguntas sobre transparencia.
Una portavoz de TikTok dijo que el veto de la aplicación a la propaganda política también prohíbe el contenido político pagado de influentes. Un portavoz de Twitter Inc, que tampoco permite propaganda política, dijo que su prohibición no lo impide.
Tras enfrentar presiones por una mayor transparencia después de las elecciones de 2016, varias compañías de redes sociales lanzaron bases de datos públicas para rastrear el origen de la propaganda política pagada que publican. Pero el contenido patrocinado no ha sido incluido en esos esfuerzos.
“Facebook dirá que eso es algo diferente a la publicidad porque Facebook no recibe pagos directos por ello”, dijo Laura Edelson, investigadora de la Universidad de Nueva York que trabaja en un proyecto de transparencia sobre propaganda política. “Pero eso es publicidad”.
Una portavoz de Facebook dijo: “El contenido de marca es diferente de los anuncios en la plataforma; no recibimos dinero por publicaciones de contenido de marca orgánico”.
Agregó que como Facebook no tiene acceso a las relaciones financieras que tienen lugar fuera de sus plataformas, exige que los creadores etiqueten dichas publicaciones utilizando sus herramientas.
Los investigadores pueden usar la herramienta CrowdTangle de Facebook para buscar contenido político patrocinado que use estas etiquetas, pero dicen que es difícil descubrirlo y analizarlo. Facebook también ofrece una visualización en vivo para que el público vea parte de este contenido, pero la portavoz acotó que no planea agregar ningún dato adicional.
En Facebook, la campaña de Biden tiene asociaciones pagadas con páginas que van desde The Other 98%, creadores de memes de izquierda, hasta The Pet Collective, donde se comparten videos de animales. También está trabajando con personas influentes, aunque dice que estos esfuerzos no son remunerados.
La campaña de Trump no respondió a las preguntas sobre si tiene asociaciones pagadas en las redes sociales. La herramienta de análisis CrowdTangle de Facebook tampoco muestra publicaciones etiquetadas como asociaciones pagadas con la campaña.
El pago por publicaciones políticas puede ir desde 10 dólares a varios miles de dólares por publicación, dijeron a Reuters investigadores y personas involucradas en campañas digitales.
“Parecería un poco deshonesto no remunerarlos”, dijo Curtis Hougland, director ejecutivo de Main Street One, una firma política de izquierda.
Hougland afirmó que Main Street One tiene una red de seis millones de microinfluentes, desde camioneros hasta mineros del carbón, a los que asocia con campañas pagadas en las redes sociales para sindicatos, organizaciones políticas sin fines de lucro y candidatos.
ica