Cuarenta y ocho horas después de “la invitación’’ que le hiciera el presidente López Obrador para ser la nueva secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez no ha dicho que acepta.
Al menos no públicamente.
El pasado viernes por la mañana, el Presidente sorprendió en la mañanera al anunciar que Rodríguez sería invitada a ocupar el cargo que dejó vacante Alfonso Durazo.
“Ojalá que acepte, se está enterando en este momento’’, dijo López Obrador.
Y no mintió.
Efectivamente, apenas unos pocos minutos antes Rodríguez había sido notificada de que sería invitada a ser la nueva encargada de la política de seguridad pública en el país.
Durante todo el fin de semana se ponderaron las cualidades de Rosa Icela Rodríguez como funcionaria pública tanto en el PRD como ahora en Marina.
Absolutamente nadie pone en duda su capacidad y su lealtad; su honestidad es proverbial y su disciplina es ampliamente reconocida.
Pero también se cuestionó, con severidad, su falta de conocimiento sobre la materia; ni siquiera el hecho de haber coordinado el gabinete de Seguridad y Justicia en la gestión de López Obrador como jefe de Gobierno le pareció a los especialistas suficiente para justificar el nombramiento.
No es un secreto que el Presidente privilegie la honestidad sobre la capacidad; él lo ha dicho, 90% de honestidad y 10% de capacidad.
Y aunque medio mundo da por sentado que “la invitación’’ es una orden que no puede ser rechazada, ¿qué pasaría si honestamente Rodríguez declinara la invitación por razones puramente personales?
Es hipotético, desde luego, pero una situación así reivindicaría a la propia Rosa Icela y a López Obrador, a quien, dicen dentro del gabinete, nadie le puede decir no.
Pero ya pasaron más horas de las que cualquier nombramiento requiere para darlo por hecho y la invitada no ha pronunciado el esperado sí.
Tal vez porque se encuentre negociando sus propios términos o tal vez porque está reflexionando cómo le cambiará la vida, en todos sentidos, involucrarse en una guerra hasta ahora con resultados negativos y que parece no tener fin.
Por supuesto que se vale.
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Los gobernadores que conforman la Alianza Federalista están a la espera de que el Presidente fije la fecha para la reunión que prometió para analizar el pacto fiscal.
La urgencia tiene que ver con el hecho de que la Cámara de Diputados deberá aprobar el presupuesto de egresos para el 2021 el día 15 de este noviembre recién estrenadito.
Si bien tienen programada una reunión con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a quien ya le han hecho llegar sus observaciones, los gobernadores reconocen que si el Presidente no da la orden no habrá cambios en los presupuestos asignados en los ramos 28 y 33.
Ayer sumaron una nueva petición a su pliego: que se entreguen a tiempo y en cantidades suficientes los medicamentos que necesita la población de sus estados.
Y mientras eso sucede, acordaron un “intercambio solidario’’ entre estados para paliar la crisis que enfrentan por la falta de medicamentos.
A ver.
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Literalmente, Tabasco se ahoga.
El estado en el que nació el Presidente, sufre por el maltrato que le ha dado el clima pero también por la incompetencia de un Gobierno al que le afecta no solo la falta de recursos sino la capacidad para responder a la emergencia.
Quizá por eso hace bien el hermano del presidente, José Ramiro López Obrador, en abandonar la subsecretaría de Gobierno que encabezaba para buscar ser diputado federal o alcalde.
Tabasco ya no es un edén.