Diputados del PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano, integrantes de la Comisión de Seguridad Pública rechazaron apoyar la iniciativa del Partido del Trabajo (PT) que busca quitar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la decisión para que a su criterio otorgue o niegue una licencia para la portación de arma de fuego a un particular.
La diputada Guadalupe Almaguer (PRD) consideró que armar a la sociedad no es la salida ante la inseguridad en el país.
“Quien tiene la responsabilidad constitucional de la seguridad es el Estado y entonces, si la propuesta es armar a la sociedad, no es la salida.
“En Estados Unidos hay más armas que personas y todo mundo está armando, y donde quiera hay cualquier cantidad de tiroteos por la permisibilidad y la holgura de las instituciones a darle a una persona la posibilidad de poseer un arma de fuego”, expresó.
El diputado Felipe Macías (PAN) señaló, que, salvo previo análisis, se pronunciarían en contra de la iniciativa, pues con anteriores propuestas similares ya lo han hecho así.
“Estamos en contra de la flexibilización de la portación de armas porque el acceso por parte de la sociedad es una derrota tácita del Estado mexicano.
“Es un atajo es una vía fácil de la que definitivamente no estamos a favor, de hecho, muchos diputados de Acción Nacional, en su mayoría votaron a favor de la prisión preventiva oficiosa para la portación de arma de fuego por el incremento en la incidencia delictiva”, expuso.
Para el diputado Pedro Pablo Treviño (PRI), la responsabilidad del Estado es brindar seguridad. “Para eso está el Estado mexicano, para eso está la Guardia Nacional, para eso está el Ejército y la Marina, para defendernos del crimen organizado y de la delincuencia común”.
Por parte de MC, la diputada Carmen Julia Prudencio manifestó que su grupo parlamentario analizará la iniciativa, pero no la consideraban conveniente.
Por otra parte, los legisladores exigieron la permanencia del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg), pues desaparecerlo dejará a los estados, y de manera particular a los municipios, sin recursos para proteger a la población.
LEG