Debido a varias irregularidades, el Gobierno de la CDMX inició la demolición del edificio ubicado dentro de la Presa Anzaldo, en la alcaldía Álvaro Obregón.
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aclaró que su administración quiere que haya inversión privada en la capital, pero dentro del marco de la ley.
Reconoció que en 2019, la mayoría de desarrolladores que operaban de manera irregular acudieron ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) para ajustar sus proyectos, pero hubo otros que continuaron, como el de Periférico Sur 3042, en la colonia San Jerónimo Aculco.
“Algunos siguieron construyendo, en particular éste que tenía una suspensión en el tribunal, pero administrativo, pero dado que la suspensión se terminó, pudimos entrar a la demolición”, informó la mandataria capitalina.
La demolición tendrá un costo de 30 millones de pesos que correrán a cargo de la desarrolladora, que tardará en promedio 60 días para concluir.
La secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles, dijo que el desarrollo inmobiliario incumplía diversas condiciones, por lo que la empresa deberá pagar una multa de 61 millones de pesos y tiene la obligación de restaurar el sitio, así como de asumir el costo de la demolición.
A la fecha, se tenía una construcción con 75% de avance respecto al proyecto completo, con una inversión de 402 millones 51 mil 855 pesos.
La directora de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, Andrée Lilian Guigue, narró que el 4 de julio de 2019 la Secretaría de Medio Ambiente emitió una resolución para la demolición del inmueble y una multa, pero el representante legal de la desarrolladora promovió un juicio de nulidad en contra de esa determinación ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX y obtuvo, de manera provisional, la suspensión del acto a fin de continuar con la obra.
LEG