La noche de ayer quedó listo el dictamen del Presupuesto de Egresos para el próximo año; hoy podría ser discutido y aprobado en Comisiones pues la fecha límite para aprobarlo es el día 15 de este mes.

El dictamen simplemente precisa cuáles son las prioridades del Gobierno federal para el siguiente año.

El presupuesto total será de 6 billones 295 mil millones de pesos.

Del total 4 billones 618 mil millones corresponderán al Gasto Programable (GP) y 1 billón 677 mil millones al gasto no programable.

Ahí le va la distribución que aparece en el dictamen:

Para Fortalecimiento Energético, (es decir, para Pemex y CFE), se destinará el 21.9% del GP; para Salud Para Todos, el 5.4% del GP; para Educación, Cultura y Deporte, el 18.1% del GP.

Para Seguridad Social y Salud para Derechohabientes, el 30.6%; para Trabajo y Bienestar para Todos, el 4.3% del GP; para el rubro Gobierno de los Mexicanos, (atender las demandas sociales) el 0.3% del GP; para los órganos autónomos el 3.1% del GP.

Para el rubro Seguridad y Paz para México, el 4.8% del GP; para Comunicaciones, Transportes y apoyo a la Infraestructura regional y local, el 6.6% del GP.

Para Apoyo al campo, que se suponía la política del Gobierno para ser autosuficientes en alimentos, sólo el 1.7% del GP y para el Fomento Económico y Medio Ambiente, dos temas que por lo visto no le interesan mucho a este Gobierno, apenas el 1.6% del GP.

El Gobierno gastará el 1.6% del GP en Gestión Pública y provisiones salariales.

Evidentemente la distribución podría cambiar, pero se ve difícil.

Lo que no deja dudas es que el Gobierno de la 4T finca su esperanza de desarrollo en el fortalecimiento de las dos empresas que le quedan al Estado, en muy mal estado, por cierto.

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Tabasco y Chiapas serán la prueba que debe pasar el Gobierno para justificar la desaparición del Fonden, el fondo para atender los desastres naturales.

Hace dos semanas el Senado aprobó el dictamen enviado por la Cámara de Diputados para desaparecer 109 fideicomisos, entre ellos el Fonden, que era la bolsa acumulable año tras año a disposición de los gobiernos estatales para atender contingencias como inundaciones, sequías, terremotos, etcétera.

El sábado, durante la visita aérea del presidente López Obrador a algunas zonas de Tabasco, dijo que “había recursos más que suficientes para atender’’ a los tabasqueños afectados.

No sabemos si sea cierto, pero lo que a todas luces es previsible es que el estado se puede convertir en la tragedia nacional que nadie quiere ver.

Los riesgos de contagios por Covid se han exponenciado; igualmente, los riesgos de enfermedades gastrointestinales, de contraer zika, chikunguña, enfermedades de la piel, entre otras.

El servicio médico de Tabasco ya demostró sus deficiencias en el combate al Covid-19; hay escasez de medicamentos y de personal médico y los recursos que tiene el Gobierno estatal para atender la emergencia son irrisorios.

¿Cómo le va a hacer el Gobierno federal para que cada familia afectada reciba el dinero que podría recibir vía el Fonden, como en otras ocasiones?.

Hasta ahora no hay un indicador confiable que permita establecer el éxito o fracaso de la decisión de entregar “personalmente’’ los recursos destinados a programas sociales a cada beneficiario o a cada ciudadano afectado.

¿Cuántas casas en Tabasco y Chiapas hay que reconstruir? ¿Cuántos electrodomésticos hay que sustituir? ¿Cuánta ropa hay que restituir a los damnificados? ¿Cuántos zapatos? ¿Cuántos medicamentos?

No se ve cómo el Gobierno pueda cumplir la promesa de ayudar a cada uno de los afectados a reparar el daño…ni el dinero para hacerlo.

LEG