Las fracciones de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados han hecho de las promesas presidenciales casi un acto de fe.
Ayer el PRI en la Cámara de Diputados propuso que se etiquetaran los 33 mil millones de pesos que le fueron quitados al llamado Fondo de Salud para el Bienestar (antes Fondo para la Atención de Enfermedades Catastróficas) para la compra de las vacunas contra el Covid-19.
Pablo Gómez, diputado de Morena, argumentó en contra de la propuesta pues dijo que si el Gobierno ya había dicho que habrá dinero para comprar las vacunas para todos los mexicanos, no había necesidad de etiquetas.
Lo mismo consideraron otros diputados de Morena quienes, sin embargo, se negaron a especificar cuál sería el destino de esos 33 mil millones de pesos más los 67 mil millones extras que se devolverá a la Tesorería de la Federación como resultado de la desaparición de 109 fideicomisos, entre ellos el Fondo para la Atención de Desastres Naturales, el Fonden.
Si el Gobierno asegura que habrá dinero para atender a cada una de las decenas de miles de familias que ahora mismo sufren por la pérdida de sus bienes en Tabasco y Chiapas a causa de las inundaciones, habrá que creerle al Presidente aunque no se haya presentado un programa integral de atención a la emergencia.
Eso sí, el país tiene la obligación de creer que será así pues hasta el propio López Obrador actuó como operarán las dragas que en algún momento comprará el Gobierno y que montará “en pangas’’ para desazolvar los ríos en Tabasco.
¿Cuándo se comprará la maquinaria? ¿Será también el canciller Ebrard el encargado de la operación como lo hizo el año pasado con el tema de las pipas en Pemex que ahora nadie sabe dónde están?
La maquinaria era para antier, pero como el Presidente ya dijo que “se van a comprar’’ -no dijo con qué dinero-, pues entonces tenemos la obligación de creer.
Justo cuando el país necesita certezas, entramos al mundo de los dogmas.
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Aunque se trata de un delito del fuero común y por lo tanto corresponde a las autoridades locales su investigación, la Fiscalía General de la República debería atraer el caso del asesinato de la presidenta municipal de Jamapa, Veracruz, Florisel Ríos.
La alcaldesa de extracción perredista había denunciado que temía por su vida y la de su familia.
Solicitó el apoyo del secretario general de Gobierno del Estado, Erik Cisneros, quien se lo negó con las consecuencias de todos conocidas.
Cisneros es el poder tras el trono; mientras que el gobernador (es un decir) Cuitláhuac García hace como que hace, Cisneros es el que toma las decisiones.
La policía de Jamapa está desarmada desde hace meses y no solo la presidenta municipal sino toda la población está a merced de la delincuencia común y organizada.
¿No habrá siquiera un amago de investigación sobre Cisneros y su negativa a brindar protección a la mujer asesinada?
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Los 10 gobernadores de la Alianza Federalista -ninguneados por el Presidente e ignorados en el presupuesto-, enviaron una carta de felicitación a Joe Biden y Kamala Harris, por su elección como presidente y vicepresidenta de los Estados Unidos.
Se trata de los gobernadores de Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Coahuila, Durango y Aguascalientes, la tercera parte de los gobernadores del país.
Nada más y nada menos.
Seguro hoy la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero saldrá a regañarlos como lo hizo hace unas semanas con Silvano Aureoles por llamar a sus paisanos en Estados Unidos a votar por Biden.