No le falta razón al presidente López Obrador al manifestar el uso y abuso que se ha hecho de la figura de la subcontratación en perjuicio de la hacienda pública y del derecho de los propios trabajadores.
Desde el 2012 se había desatado la discusión de una iniciativa que terminó congelada en el Senado, con la cual se pretendía empatar las declaraciones anuales con los registros de aportaciones al IMSS.
Hubo un movimiento de empresarios que impidió que se concretara dicha norma.
La propuesta había surgido de la propia Secretaría de Hacienda y del IMSS debido a que se había detectado, mucho tiempo atrás, la práctica de algunas empresas de registrar a sus trabajadores con un salario mínimo y complementar su pago quincenal o mensual con efectivo.
Es una práctica vieja que ahora quiere corregir el presidente López Obrador.
Pero la cirugía que plantea no es con bisturí sino con machete.
Casi cinco millones de trabajadores dependen de ese sistema de empleo; no es porque lo haya querido, es que fue lo único que encontraron para sobrevivir.
La reforma propuesta por el Presidente equipara el outsourcing con delincuencia organizada -en algunos casos seguramente así es- pero también habrá empresas que merezcan rescatarse.
Nadie puede estar en contra de una corrección que beneficie a los trabajadores y al erario, lo que preocupa es el destino no de los empresarios sino de los trabajadores que seguramente dejarán de tener empleo cuando el fisco apriete a sus contratantes.
Además, la subcontratación no es solo un esquema del que hayan abusado los particulares; en los tres niveles de Gobierno, pero sobre todo en el federal, se utiliza en tareas de limpieza y vigilancia, principalmente.
¿El Gobierno basificará a todos los trabajadores subcontratados que tiene? Es imposible por el costo que representaría.
El remedio que ofrece el Gobierno para detener esta forma de estafa pudiera ser el correcto, pero carece del plan B, es decir, de la solución que se dará a los cientos de miles de trabajadores que inevitablemente resultarán afectados.
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Increíble por cínica, la justificación del (dizque) gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, del por qué el Gobierno estatal no le brindó la protección que pidió la asesinada presidenta municipal de Jamapa, Florisel Ríos.
Según el morenista, la presidenta le dijo que temía por su vida “pero no pidió un apoyo formal’’.
¿Y qué quería? ¿Qué se lo pidiera por escrito con 20 copias y anexada el acta de nacimiento de su abuelo?
García dijo que la presidenta asesinada no tenía policías armados porque estaban investigando a los 19 gendarmes del municipio y que él le había sugerido que “acreditara a uno para que le dieran un arma’’ para vigilarla.
O que contratara a un policía acreditado y que tuviera arma, lo cual en el audio que circula en redes la propia presidenta municipal reconoce que es imposible porque no tiene recursos.
Pobres veracruzanos; primero Duarte y ahora con Cui.
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El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, fue electo presidente de la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe, agrupación que reúne a más de 30 instituciones de educación superior.
Sin duda es un reconocimiento al liderazgo de nuestra máxima casa de estudios en la región.
Por cierto, ¿cuándo la UNAM responderá a las solicitudes ciudadanas para conocer el título de doctor de John Ackerman? Y, dados los casos recientes de profesores de la UNAM que han sido despedidos o están en vías de serlo, ¿no hará nada la máxima casa de estudios ahora que el doctor, su empleado, ha mostrado su parte más misógina?
LEG