-¿En calidad de qué llegará el general Salvador Cienfuegos al país?-, le preguntaron al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

-En calidad de lo que es, un ciudadano mexicano más. Sin orden de aprehensión-, respondió.

Hay una parte de la historia que no explica.

Sorpresivamente, la Fiscalía General de Estados Unidos desestima los cargos criminales en contra del ex secretario de la Defensa “para que sea juzgado en México, de acuerdo a sus propias leyes’’.

Nunca se había dado esa claudicación.

Nunca.

El fiscal estadounidense William Barr sabía perfectamente que en México no existe una investigación abierta en contra del general y que, por lo tanto, desestimar los cargos es arriesgarse a perder un caso de esa notoriedad con alto costo para la credibilidad de las instituciones de justicia de su país.

El propio presidente López Obrador reconoció que su Gobierno no sabía que había una investigación de la DEA en contra de Cienfuegos, detenido el 15 de octubre pasado en el aeropuerto de Los Ángeles.

No conocemos cómo fue que se negoció la declinación de la justicia estadounidense en este caso ni a cambio de qué.

Pero el hecho posiciona al canciller Ebrard y al fiscal Alejandro Gertz Manero como buenos negociadores y complace a la alta jerarquía militar que veía con recelo el hecho de que el Gobierno mexicano hubiera permitido la detención de uno de sus miembros distinguidos sin hacer nada al respecto.

Las inconformidades entre los militares no son públicas pero si son notorias y conocidas.

Hace unos días, el Ejército volvió a ser noticia negativa cuando uno de sus miembros se entregó para ser investigado por delitos federales aunque quisieron hacer creer que su encarcelamiento se debía a sus acciones u omisiones en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Hasta el momento, no es por ahí el asunto.

Pero el impacto a la imagen -y sobre todo a la moral- de las fuerzas armadas ha sido duro.

Hoy la jueza federal en Brooklyn, New York, decidirá si acepta o no la desestimación de los cargos contra Cienfuegos; si así ocurre, el general deberá estar de regreso antes del fin de semana.

O la DEA no tenía nada para inculpar al general o el Gobierno de EU le puso una prueba de Cienfuegos a la justicia mexicana.

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En Baja California, el PRI, PAN, PRD, MC y un partido local firmaron una alianza para enfrentar al candidato de Morena por la gubernatura.

No hay nombres aún pero sí políticos perfilados, la mayoría de la mano del gobernador Jaime Bonilla, que pretende seguir gobernando a través de su candidato, el que sea.

La próxima semana se conocerá los nombres de los candidatos (o candidatas) a gobernador de Morena, luego de que se entreguen los resultados de las encuestas que se mandaron a elaborar, quién sabe por quién y a qué empresa.

Pero todos en Morena aseguran que “respetarán los resultados’’…si ganan.
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Hoy se reanuda en el Senado de la República la discusión en Comisiones sobre el “uso adulto’’ de la mariguana.

Ya no se quiere hablar de su uso “lúdico’’, sino del uso adulto, con el que se pretende dejar en firme la decisión de que la hierba solo sea consumida por mayores de 18 años.

El dictamen tiene buenas intenciones pero debe haber una ley secundaria o adecuación a las leyes de Salud y al Código Penal para que la Ley Federal a discusión (si es que se aprueba), sea más solución que problema.

A ver.

LEG