En opinión de la Diputada Verónica Juárez Piña, el dictamen aprobado ayer en la Cámara de Senadores por el que se expide la Ley para la Regulación del Cannabis y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y Transitorios, por medio del que se crea un mercado regulado de cannabis; carece de un enfoque integral porque beneficia a las empresas que decidan incursionar en la producción o en la comercialización; pero insiste en el enfoque prohibicionista y en la criminalización de los consumidores.
Con la aprobación del dictamen de esta ley, que será enviada como minuta a la Cámara de Diputados, el Senado de la República da cumplimiento a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para legislar en la materia, después de que el máximo órgano judicial considerara que su prohibición transgredía el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Sin embargo, en opinión de la Coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, esta legislación no atiende las demandas de diversas organizaciones civiles en materia de seguridad, derechos humanos y de consumidores, especialistas y organismos del ámbito médico y científico; que han venido planteando que para que una legislación garantice el derecho al libre desarrollo de la personalidad, permita combatir la adicción y la violencia provocada por el narcotráfico que se beneficia con la comercialización de la marihuana, y ayude la atención a la salud de los consumidores; debe tener un enfoque integral.
Juárez Piña respaldó los argumentos planteados por organizaciones como México Unido contra la Delincuencia (MUCD) y Movimiento Cannabico Mexicano, que reprueban lo aprobado en la Cámara Alta.
En comunicado, el MUCD plantea que “la ley aprobada habilita un mercado que permite a las empresas producir y comercializar cannabis, pero que penaliza y vigila a quien la va a consumir. Bajo este esquema México sería el primer país en crear una regulación para el uso adulto de la cannabis y a la vez, continúa la prohibición. Se mantiene la criminalización de las personas usuarias permitiendo que éstas sean perseguidas penal y administrativamente, y enfrenten castigos con cárcel y multas de hasta diez mil pesos.
Por su parte, integrantes del Movimiento Cannabico Mexicano denuncian que lo aprobado no cumple con lo estipulado por SCJN sobre libertad de cultivo.
Es por ello que Verónica Juárez Piña, quien desde junio de 2019 presentó en la Cámara de Diputados una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal (para despenalizar el consumo de la cannabis), dijo que la minuta que envíe el Senado deberá ser revisada a fondo por las diputadas y los diputados federales.
La legisladora por Jalisco recordó que el enfoque prohibicionista respecto al consumo de estupefacientes que México ha adoptado, y que prevalece en la ley aprobada, “ha sido un fracaso rotundo y evidente, que ha causado muchísimos más daños a la salud, a la seguridad a la paz social que los que quiso corregir.”
ICA