La propuesta del Ejecutivo Federal para regular la subcontratación es excesiva en sus sanciones que pueden llegar incluso a considerar esta actividad como defraudación fiscal bajo la forma de delincuencia organizada, por lo que se le impondría la prisión preventiva oficiosa, advirtió la diputada federal, Verónica Juárez Piña (PRD).
Explicó que en la iniciativa se distinguen y regulan diversas formas de terciarización laboral, es decir, no desaparece la subcontratación como tal.
“Reconoce la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la beneficiaria de estos como una actividad legal, pero que debe regularse mediante la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y un registro público que garantice que no se están simulando relaciones laborales ni evadiendo responsabilidades”, indicó.
De la misma forma, añadió, la propuesta reconoce a las agencias de colocación como intermediarios laborales, pero no les permite ser considerados como patrones.
Mediante reformas a la legislación en materia de seguridad social, continuó, impone a las empresas prestadoras de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas obligaciones de información y control, para evitar evasiones.
También en materia fiscal, condiciona las deducciones del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado al cumplimiento de autorización de la STPS y a la entrega de información relacionada con los contratos y el cumplimiento de obligaciones de seguridad social.
Con estas normas, dijo la perredista, “se puede prever que serían inhibidas el incumplimiento de derechos laborales, la evasión de responsabilidades en materia de seguridad social y fiscales y una auténtica competencia desleal contra empresas que trabajan de manera regular y en estricto cumplimiento de la ley.”
Sin embargo, alertó, se agregan a estas disposiciones requisitos excesivos de registro ante diversas instituciones como la propia Secretaría del Trabajo, Infonavit y el SAT, que más que servir como controles, provocarían más bien que se inhiba el cumplimiento de tantos registros e informes.
“Siguiendo con la línea del Gobierno federal de imponer un terrorismo fiscal y penal, la iniciativa sostiene que la eficacia de la autoridad está en razón directa con las sanciones.
“Así a quienes subcontraten o quienes contraten servicios u obras especializadas sin autorización pueden tener una sanción de más de cuatro millones de pesos”, expuso Juárez Piña.
Dijo que sin estas sanciones excesivas, una acción eficaz y coordinada de la autoridad, sería suficiente para evitar los efectos más nocivos de la subcontratación.
Recordó que algunas voces han criticado a la reforma porque los efectos de su aplicación podrían ser el cierre masivo de empresas, sosteniendo incluso que con esto el país puede perder competitividad y que la contratación directa, con las responsabilidades que conlleva no es sostenible por las empresas que actualmente subcontratan personal.
A lo que Juárez Piña aseveró que es inaceptable mantener o defender situaciones que han llevado a la precarización del trabajo en México.
“Pretender que no es el momento para una reforma de este tipo es defender la simulación en que se encuentran 4.6 millones de trabajadoras y trabajadores sin estabilidad en el empleo, sin prestaciones que dependen de ésta como el aguinaldo, las vacaciones y el reparto de utilidades.
“Es mantener a trabajadores sin inscripción a la seguridad social, con subdeclaración de cuotas y aportaciones o sin posibilidad de recibir una pensión, servicios médicos o créditos de vivienda y sin posibilidades de ejercer su derecho a la organización en defensa de sus intereses. Postergar este debate es encubrir a evasores de la seguridad social y del fisco”, alertó.
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