A más de un año de los hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) declinó responder, bajo el argumento de reserva, por qué no entregó la orden de cateo a elementos de la Guardia Nacional requerida para el operativo en el que se detuvo y liberó a Ovidio Guzmán López, el 17 de octubre de 2019, realizado para responder a la orden de aprehensión que se le giró en Estados Unidos.
A través de la solicitud de transparencia 0001700795120, 24 HORAS pidió a la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero copia de cualquier documento en el que se informara a la Guardia Nacional por qué no entregó la orden, pese a que los elementos presentaron la carpeta de investigación en torno al caso del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.
“Se hace de su conocimiento que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 133 de la LFTAIP, su solicitud fue turnada para su atención a la unidad administrativa competente, la cual señaló que se inició una carpeta de investigación con motivo de los hechos suscitados en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, el 17 de octubre de 2019, misma que está en trámite, circunstancia por la cual toda la información o documentos inmersos en la misma se encuentran clasificados como reservados, motivo por el cual no es posible su entrega o divulgación.
“Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 110, fracción XII de la LFTAIP y en el numeral Trigésimo primero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas”.
En la resolución del Comité de Transparencia de la FGR, dada en la sesión del pasado 20 de octubre, también se usó como argumento el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual dice que todo documento y registro de voz, imágenes o cosas en torno a un hecho delictivo serán “estrictamente reservados”, y sólo podrán tener acceso las partes.
Sólo hasta que el presunto delincuente sea detenido y citado a comparecer se perderá la reserva.
“Una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de la prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de 12 años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme”, incluye el artículo citado.
De acuerdo con la exposición que el general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, presentó el 30 de octubre de 2019 en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la falta de dicha orden también motivó el que se retiraran los elementos que ya tenían detenido al Chapito, acción que produjo una serie de actos violentos en Culiacán, Sinaloa.
“El éxito de la operación se fundó en una rápida evacuación del presunto delincuente hacia el aeropuerto a través de una ruta terrestre que ya la observamos; sin embargo, la rápida reacción de los delincuentes, las agresiones hacia el personal militar y sus familias, la intención del grupo criminal de causar daños en la población, el riesgo de pérdida de vidas al generalizarse las agresiones, la falta de orden de cateo se tradujo en la decisión de retirar las fuerzas sin el presunto delincuente y sin culminar obviamente el proceso de detención”.
Según la relatoría de hechos presentada por el titular de la Sedena, a las 13:00 horas de la Ciudad de México, los elementos de la Guardia Nacional presentaron el informe ante la FGR para obtener la orden, dicha presentación tuvo una duración de 20 minutos. La entrega de la orden se prolongó y hasta después de las 19:00 horas, cuando se liberó al presunto delincuente, no se contaba con ésta.
A través de su oficina de Comunicación Social, 24 HORAS solicitó a la Sedena una entrevista o tarjeta informativa en la que se informara sobre el documento que hubiera dado la FGR para justificar la no entrega de la orden de cateo, si existen sanciones contra el personal que participó en el operativo y si mantienen acciones de inteligencia para la recaptura del presunto delincuente; sin embargo, la Sedena se limitó a remitir al mismo informe citado anteriormente.
Al igual que la FGR, la Secretaría de Relaciones Exteriores también decidió reservar la información relacionada con el caso por cinco años.
A través de la solicitud 0000500135420, este diario pidió informar sobre la fecha en que Estados Unidos solicitó la extradición del hijo de El Chapo, así como copia del documento por el que la cancillería haya informado del operativo suspendido, y si es que EU reiteró la petición.
“La DGAJ (Dirección General de Asuntos Jurídicos) comunicó que toda la información relacionada con la solicitud de extradición internacional del señor OVIDIO GUZMÁN LÓPEZ se encuentra clasificada como confidencial y reservada por un término de cinco años, de conformidad con los artículos 110, fracciones II, III y VII; y 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, respondió.
El Código Nacional de Procedimientos Penales establece en los artículos 282-285 que:
*La orden de cateo la solicita un Ministerio Público a un juez de control; debe argumentar personas u objetos a encontrar en el domicilio.
*La petición de orden de cateo debe ser resuelta de forma inmediata y no exceder seis horas.
*Si el juez niega la orden, el Ministerio Público puede apelar; la resolución a la apelación debe resolverse en 12 horas.
*Antes de que se tenga la orden de cateo, el Ministerio Público podrá disponer medidas de vigilancias convenientes para evitar la fuga del imputado.
“No se negoció intercambio de Cienfuegos”
La cesión del caso del extitular de Sedena, Salvador Cienfuegos, a México no fue un acuerdo a cambio de que nuestro país entregue un capo dedicado al tráfico de fentanilo, aclaró el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que la agencia Reuters publicó una nota al respecto.
“No es que se haya amenazado, ni mucho menos lo que está diciendo una de estas agencias famosas, pues se equivocaron porque insinuaron -para que no digan que no tenemos cuidado del lenguaje- que nos mandaban al general Cienfuegos para que nosotros les mandáramos a un jefe de una banda del crimen organizado. Quién sabe qué estaban pensando o quién les filtró esa información, porque esa era una práctica arraigada y perversa”, dijo el mandatario.
Reiteró que su gobierno ni siquiera tenía indicios de que estuviera llevándose esa investigación: “No teníamos nosotros información, y eso es otro principio: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
Por eso, cuando me informan oficialmente, me llamó a dudar de cómo estaba elaborada la investigación… por eso pedí que se revisara el marco en que se da la cooperación con agencias de Estados Unidos y pedí que enviaran elementos de pruebas”.
Lídera Quintero, listado de la DEA
Rafael Caro Quintero, ex líder del Cártel de Guadalajara, se convirtió en el fugitivo más buscado por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA); se ofrecen 20 millones de dólares por información que ayuda a su captura.
Caro Quintero es uno de los líderes históricos del narcotráfico mexicano, junto con el fallecido Amado Carrillo Fuentes. Ambos traficaron mariguana y toneladas de cocaína a Estados Unidos y estuvieron vinculados al capo colombiano Pablo Escobar.
Quintero es acusado en Estados Unidos de asesinar a Enrique Kiki Camarena, un agente especial de la DEA, en febrero de 1985.
Al menos cuatro líderes del narcotráfico están en el top ten de los más buscados de la agencia antidrogas. El segundo puesto lo ocupa Ismael El Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.
En el listado también se encuentra Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación; y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, preso en Estados Unidos.
LEG