El próximo 2 de diciembre la Comisión de Recursos hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento dictaminará la Ley General de Aguas para garantizar el derecho humano a este recurso y al saneamiento.
El diputado Feliciano Flores (Morena), presidente de dicha comisión, reconoció que se tenía planeado elaborar un proyecto más amplio que incluyera la reglamentación para el artículo 27 Constitucional y no sólo para el artículo 4 de la Carta Magna.
“Pero los tiempos legislativos y la difícil situación económica por la que atraviesa el país y el Gobierno federal limitaron la propuesta, y por no tener los consensos adecuados para un proyecto más ambicioso”, dijo el legislador.
El dictamen que tienen los diputados para su análisis ha generado polémica entre los integrantes de la Coordinadora Nacional Agua para Todos porque consideran que contraviene el derecho al acceso al agua y al saneamiento, así como la participación ciudadana en la gestión de los bienes hídricos en conjunto con los tres niveles de gobierno.
Flores dijo, en conferencia de prensa, que se ha invitado a los promoventes de las cuatro iniciativas de una ley general de aguas para seguir trabajando, además de que se tomó en consideración las propuestas de 35 foros que se realizaron en las 32 entidades del país.
Por su parte el diputado Mario Mata (PAN), destacó que con el dictamen propuesta se logrará reglamentar el Artículo 4 de la Constitución relativo al acceso al agua potable y al saneamiento.
“Estamos comprometidos con dar agua y saneamiento a más de 10 millones de personas que viven en pobreza extrema en nuestro país y que se ubican lejos de los sistemas de agua potable modernos.
“Estamos comprometido en enfocar los esfuerzos nacionales en zonas de alta marginación y que principalmente, se encuentran en los estados el sur y sur-este, en localidades de menos de 500 personas”, expresó el legislador.
Mata aseveró que el proyecto genera un andamiaje jurídico sólido para sustentar un modelo innovador con un profundo sentido de la responsabilidad social que tiene el Estado mexicano.
Agua para Todos expresó en un comunicado su rechazo a lo que ha llamado le Ley Mata-Flores y con la cual afirman que simula ser una ley general de aguas que coexistiría con la Ley de Aguas Nacionales, “limitando el derecho humano al agua, al uso doméstico no en un sentido integral como lo plantean los estándares internacionales”.
TFA