El Senado debate una reforma al Poder Judicial con la cual, dice, se busca desterrar viejas prácticas -corrupción pues- y modernizar el sistema de impartición de justicia.
Además de respetar la carrera judicial y otros temas de fondo que han pasado desapercibidos debido a la gritería que generan los casos más mediáticos como el de la famosa “Estafa Maestra’’ y sus protagonistas.
Pero lo que se discute en el Senado no es cualquier cosa, al grado tal que se ha hecho un parlamento abierto para que todas las partes que tienen que ver con la administración e impartición de justicia expresen sus opiniones.
En la discusión se debaten, entre otros temas, la eliminación del amparo, la limitación de las controversias constitucionales, la legitimación de órganos autónomos para promover las mismas, la declaratoria general de inconstitucionalidad y la revisión de los recursos del amparo directo.
Se debaten también los salarios de los magistrados, muy por encima de lo que establece la ley en cuanto nadie puede ganar más que el Presidente de la República.
Durante el parlamento abierto ha habido opiniones en pro y en contra de la iniciativa presentada en febrero pasado, pero el grado de tecnicismo de los temas no ha permitido que la población en general entienda la importancia de lo que se está discutiendo.
¿Cómo puede afectar una modificación a la ley de amparo? ¿Cómo afectaría a los estados u organismos públicos una limitación de la controversia constitucional?
Los senadores discutirán hoy en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Legislativos Segunda los cambios que se harán al dictamen, producto de la consulta que concluyó el martes.
Su decisión marcará el futuro del sistema de justicia mexicano, tan desprestigiado -como reconoció el propio Ricardo Monreal-, que necesita una cirugía mayor.
Bien, todos coincidimos en eso.
Lo que sigue es que los senadores nos expliquen con manzanas cómo beneficiarán a la sociedad dichos cambios.
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Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, presentó la primera controversia constitucional en contra de la desaparición de 109 fideicomisos.
Es el primero de los diez gobernadores que integran la llamada Alianza Federalista que lo hace.
Los otros nueve lo harán en los próximos días, cada uno por separado, de acuerdo a las afectaciones particulares que documentan padecerán sus estados a partir de la desaparición de estos fideicomisos.
Los gobernadores le apuestan a la autonomía y del Poder Judicial, pero como están las cosas más parece un asunto de fe que se pueda revertir la desaparición de esos fondos.
A ver.
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¿Alguien sabe si Emilio Lozoya acude al juzgado a firmar cada mes como fue el acuerdo que le posibilitó no pisar la cárcel luego de su extradición de España?
Lozoya sigue siendo el testigo favorito en contra de Luis Videgaray, principalmente, y por ello goza de un trato preferencial.
Igual que Emilio Zebadúa, de quien no se sabe si finalmente fue aceptada su petición de acogerse al criterio de oportunidad pues solo hizo sus acusaciones y desapareció.
Peroooo, ahí vienen las declaraciones de Rosario Robles y a juzgar por lo que escribió en sus redes, también va por la cabeza de Zebadúa, a quien acusó de embarrar a funcionarios “incorruptibles’’ con tal de salvar la zalea.
Lozoya no tiene que ver con la “Estafa Maestra’’, sino con los sobornos de Odebrecht, pero los dos Emilios tienen como villano a Videgaray.
¿Pues qué les quedó a deber?
LEG