Cinco mil millones de pesos fueron licitados sin que Miguel Ángel Yunes Linares y Cuitláhuac García prestaran atención a las irregularidades presentadas en los procesos de contratación de las empresas contratadas
Un grupo de 16 funcionarios y exfuncionarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJE), fueron denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción de la entidad por irregularidades en la aprobación y autorización de diversos proyectos de construcción en 21 Ciudades Judiciales durante los mandatos del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y el primer año del sexenio de Cuitláhuac García.
En lo que es calificado como uno de los fraudes más grandes en contra del erario público de Veracruz, una red de por lo menos 16 exfuncionarios que trabajaron y en algunos casos aún trabajan en el TSJE, formaron una red de corrupción con omisiones deliberadas en las licitaciones y que dejó una deuda de cinco mil millones de pesos que se terminarán de pagar hasta el año 2047.
A pesar de las irregulares que se señalan en la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, ni el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares en su momento y el actual Cuitláhuac García, tomaron cartas en el asunto, en lo que podría ser considerado encubrimiento ante un hecho que podría ser uno de los fraudes más grandes en la historia de la impartición de justicia del estado.
El ex Magistrado Presidente del TSJE, Edel Humberto Álvarez Peña, es señalado como una de las cabezas en estos hechos y junto con él hay 15 personas más denunciadas, quienes tuvieron diferentes cargos y comisiones entre los años 2016 y 2019, en que fueron aprobados los proyectos que hoy son marcados como irregulares.
La acusación señala diferentes tipos de irregularidades cometidas por los supuestos responsable, entre ellas el realizar en nombre del Poder Judicial licitaciones sin la autorización del Congreso del Estado en las Ciudades Judiciales en varios municipios.
En la Sexagésima Cuarta legislatura del Congreso del Estado, no se contó con el expediente técnico debidamente integrado cuando autorizó al Poder Judicial la viabilidad de llevar a cabo la contratación de las empresas involucradas mediante el esquema de Asociaciones Público Privadas referente a la construcción, equipamiento y mantenimiento de las 21 ciudades judiciales, entre otras.
La denuncia señala a seis empresas constructoras beneficiadas y por lo menos dos firmas auditoras son marcadas en la denuncia entregada a la Fiscalía Anticorrupción el pasado 20 de noviembre.
Las empresas señaladas son Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz S.A. de C.V., Construindustrias Comerciales S.A de C.V., Consorcio Integral de Comercio Exterior, S.A.P.I. de C.V., Concesiones y Promociones Rua, S.A.P.I. de C.V., Desarrolladora de Caminos S.A. de C.V., Constructora y Promotora Malibrán S.A. de C.V.
A este grupo se suma Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., que es miembro de Deloitte & Touche Tohmatsu Limited, una firma auditora de las empresas Compañías Constructoras de Veracruz S.A. de C.V. y Consorcio Integral de Comercio Exterior, S.A.P.I. de C.V., en lo que sería una clara evidente irregularidad.
Junto con las constructoras y la firma auditora también se señala a la empresa Consultores Asociados para el Desarrollo Sustentable S.C. como parte del mismo grupo y esta a su vez mantenía un convenio contractual con el Poder Judicial y contaba con información primordial, que le habrían servido en cuatro de las licitaciones obtenidas a por lo menos dos las empresas señaladas.
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Junto con el ex Magistrado Edel Humberto Álvarez Peña, quien fungía como presidente del Consejo, son señalados el Magistrado Andrés Cruz Ibarra, que entonces se desempeñaba como consejero; la ex Magistrada Irma Dinorah Guevara Trujillo, que también tenía el cargo de consejera.
Otros acusados son el Magistrado Pedro Luis Juan Clemente Reyes Marín, que igual era consejero en ese periodo; Carla Rodríguez González, también ocupando el cargo de consejera; Esmeralda Ixtla Domínguez que se desempeñó como secretaria interina.
También son señalados Humberto Rodríguez Losilla, que era el director general de administración del Consejo de la Judicatura; Jesús Obeso Martínez, que fue subdirector de Recursos Materiales; Laura Elena Vega Martínez, exjefa de adquisiciones.
En la lista de personas denuncias aparecen además Carlos Abdala Cárcamo, exsubdirector de recursos financieros; Hugo Francisco Vera González, titular del departamento de infraestructura y supervisor de obra; Elvis Viveros Arroyo, que fue jefe de servicios generales y Mario Berlín Mendoza, ex director de asuntos jurídicos.
De la Comisión de Aprovisionamiento también son mencionados Carlos Arturo Lara Flores y Ofir Ali Gutiérrez Ponce. La lista finaliza con Yendi Alejandra Sampieri De la Sequía, quien fue titular de la Contraloría General del Poder Judicial, sin que se descarte que existan más posibles implicados.
EAM