La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informó que las cinco camionetas en su poder -bajo préstamo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF)-, estaban en un taller mecánico por trabajos de “hojalatería, pintura y estética automotriz”, cuando se solicitó su devolución. Lo anterior, a pesar de que las unidades “no se asignaron a nadie y no fueron usadas por ninguna magistrada o magistrado de este Tribunal Electoral” ni específicamente por el presidente, José Luis Vargas Valdez, se detalló en una misiva a este diario, en referencia a la columna Hermano Lobo de este lunes.
En dicho espacio se cita el oficio SEA/DGSG/STSG/DCVSP/3144/2020, emitido por la Dirección General de Servicios Generales del Consejo, por medio del cual se requieren los vehículos, tras detectar su mal uso.
El Tribunal negó el mal uso de las camionetas, cuyo préstamo fue aceptado el 7 de octubre debido a que “los vehículos referidos eran de utilidad para dar cumplimiento a las atribuciones, facultades y funciones que tiene encomendadas el Tribunal”, especifica la carta.
Ya durante la gestión de Vargas Valdez (el 23 de noviembre), el Tribunal pidió al CJF reconsiderar la solicitud de devolución de los vehículos “por el diagnóstico de riesgos que existe en algunas partes del país”, pero no le respondieron.