A pesar de lo que presume el Presidente de la República, no hay resultados concretos de la lucha contra la corrupción, y al igual que en Gobiernos anteriores, se ha incurrido en la misma práctica de utilizar las instituciones tanto para exonerar como para hostigar opositores.
Así lo consideró la coordinadora del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados e integrante de la Comisión de Justicia, Verónica Juárez Piña.
“Hemos insistido en que tanto la Secretaría de la Función Pública como la Fiscalía General de la República cumplan su responsabilidad haciendo valer su autonomía e investiguen, y en su caso sancionen, presuntos casos de corrupción, trátese de quien se trate y sin privilegios para nadie”.
Por otra parte, la diputada Mariana Dunyaska García (PAN), quien también es secretaria en la Comisión de Justicia, expresó que al atacar la corrupción como un discurso político, como lo está haciendo el Gobierno federal, se violenta el Estado de Derecho y el principio de presunción de inocencia.
Enfatizó que se hace ver mucho la corrupción de pasadas administraciones, pero nada de los actuales casos, entre los que citó los casos de Ana Gabriela Guevara en la Conade; Manuel Bartlett en la CFE, y su hijo con venta de ventiladores a sobreprecio al IMSS; además del compadre de Rocío Nahle, que ha recibido contratos del Gobierno federal, y el asunto del propio hermano de presidente López Obrador.
García destacó que las acusaciones que ha hecho la Federación sobre presunta corrupción en programas de pasadas administraciones las han hecho sin pruebas y violentando el Estado de Derecho, mientras que a la UIF, consideró, la ha utilizado como herramienta de amedrentamiento para sus opositores políticos.
LEG