Durante años Colombia se ha visto en medio de una guerra en contra de las drogas, la cual no ha sido fácil. Además de pagar un alto costo, el enfrentamiento contra el narcotráfico no ha tenido éxito.
En busca de nuevas soluciones, uno de los senadores de dicho país busca legalizar la industria de la coca para vencer al comercio ilegal de la sustancia.
En una entrevista para Vice, el ex alcalde Iván Marulanda, expone los puntos de un proyecto de ley de legalización de la cocaína, la cual ya se encuentra en trámite en el Congreso colombiano.
Después de 40 años de política antidrogas que criminaliza la hoja de coca, Marulanda y un grupo de miembros del congreso buscan cambiar el rumbo.
El proyecto intenta crear una industria legal que distribuya la cocaína a los consumidores para aliviar el dolor, no con fines de uso recreativo, asimismo, busca sacar a cultivadores de coca de la ilegalidad, para iniciar con una industria legal y de cosecha propia.
Durante la entrevista, el Senador Iván Marulanda comentó que su proyecto propone que el Estado compre la totalidad de la cosecha de coca en el país.
“Hay 200 mil familia de agricultores vinculadas al cultivo de coca. El estado compraría coca a precios de mercado. Los programas de erradicación de la coca cuestan cada año cuatro billones de pesos (mil millones de dólares). Compara la cosecha de coca completa cada año costaría 2,6 billones de pesos (680 millones de dólares). Cuesta menos comprar la cosecha que destruirla”, aseguró el político.
Asimismo, aseguró que con la intervención del gobierno pasarían cosas fundamentales.
“Primero, llevaría a 200 mil familias a una esfera legal en la que ya no serían perseguidas por el estado”, dijo el funcionario. Pues asegura que las familias campesinas terminan desplazándose, deforestando nuevas áreas y replantando la coca.
“En segundo lugar, Colombia está destruyendo alrededor de 300 mil hectáreas de bosque por año”, continuó.
Se estima que las familias cocaleras son responsables del 25% de la deforestación anual, lo que se podría catalogar como un daño colateral al ecosistema de Colombia.
El senador también fue cuestionado sobre lo que sucedería con las hojas de coca.
“El estado suministraría materias primas a industrias artesanales- principalmente de origen indígena – que producirían alimentos, harina para hornear, productos medicinales y bebidas como el té. Esas industrias ancestrales en Colombia no han tenido la oportunidad de desarrollarse porque la materia prima es estigmatizada y perseguida por las autoridades de justicia.”, comentó, dejando claro que lo que se busca es el desarrollo de grupos indígenas que han tenido relación con la hoja por años.
El funcionario recalcó que la hoja de coca tiene otras propiedades, como una cantidad significativa de calcio, propiedades nutricionales, y que con más estudios podrían ser usadas como analgésicos e, incluso, como fertilizante.
“No ha sido fácil hacerlo porque no ha sido fácil para estos grupos de investigación obtener cocaína. Por lo tanto, esto significaría que las empresas celebrarían contratos con farmacéuticas con investigaciones de vanguardia y protocolos de seguridad superiores para comprarlo en forma pura del estado”, agregó.
En Colombia, el consumo personal de cocaína es legal, debido a un fallo judicial que lo reconoce como un derecho humano.
“En Colombia tenemos esas libertades y el Estado no puede intervenir. Sin embargo, lo que no tenemos es la cocaína legal para satisfacer esa demanda. En cambio, tenemos consumidores que están en contacto con grupos del crimen organizado que les suministran cocaína en los mercados de drogas locales. Es cocaína de mala calidad y, a menudo, se mezcla con sustancias no reguladas”
“Entonces, esta política significaría cortar el crimen organizado de la hoja de coca y aislaría a los consumidores del crimen organizado. El estado colombiano otorgaría a las farmacias la licencia para vender cocaína con fines recreativos a usuarios que se consideren aptos física y mentalmente”, aseguró.
Desvincular del comercio al crimen organizado
Marulanda asegura que su propuesta es necesaria para recuperar el control del Estado y conseguir acabar con la corrupción y el narcotráfico en la política. Sin embargo, es consciente de las dificultades que esto implica.
Añade que ante la situación no parece probable que los narcos se queden de brazos cruzados mientras pierden el lucrativo negocio que han tenido durante años.
Uno de los obstáculos que también podrían hacerse presente ante la propuesta es la opinión pública, pues el consumo de la coca se ha vuelto un tabú gigante.
“Los colombianos nacen y crecen bajo el supuesto de que el narcotráfico es una guerra. No hay información sobre la coca y la cocaína. Entonces, con este proyecto de ley esperamos abrir la conversación”.
Con las elecciones de 2022 tan próximas, Colombia debe decidir si persiste en su estrategia de guerra contra el tráfico ilegal de coca o si apuesta por otras alternativas.
EFVE