ALMA GRANDE
Por Ángel Álvaro Peña
Hace 15 años, el 16 de diciembre de 2005, la periodista y escritora Lydia Cacho fue levantada por un grupo de policías y trasladada a Puebla. En el trayecto fue torturada por varias horas. El delito sigue impune a pesar de que los autores intelectuales de esta cobarde agresión están plenamente identificados. Ellos son: el exgobernador de Puebla, Mario Marín; el exdirector de la extinta Policía Judicial del estado, Adolfo Karam; y empresario Kamel Nacif.
El motivo de esta agresión fue la publicación del libro Los Demonios del Edén: El poder que protege a la pornografía infantil, donde se les menciona como jefes de una red internacional de explotación sexual de niñas y niños de entre cuatro y 14 años.
Luego de 15 años de impunidad, el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, radicado en Cancún, libró nuevas órdenes de aprehensión contra Mario Marín, Adolfo Karam y Kamel Nacif.
Ahora la FGR está obligada a capturarlos por los delitos de detención arbitraria y tortura contra Lydia Cacho, quien señala: “Catorce años después de que me mandaran a secuestrar y torturar para proteger a la red de #TrataDeNiñas, nos hemos enfrentado en los juzgados, ellos con sus influencias y poder corruptos, nosotras con la razón”.
La carrera por la justicia ha sido incansable, no sólo por las amenazas que ha padecido durante estos años sino porque considera que de dejar de hacer un esfuerzo para que haya legalidad en el país, a cualquiera puede sucederle un caso similar y con altas posibilidades de que se vuelva un delito impune.
Ahora que los emisarios del pasado hablan de una libertad de expresión coartada, vemos cómo en el sexenio de Vicente Fox sucedió este atropello, pero ahora consideran que no hay expresiones en libertad en el país.
A pesar de que la injusticia perduraba y traspasaba el tiempo del sexenio, la periodista solicitó al Comité de Derechos Humanos de la ONU revisar el caso ante la pasividad del Estado mexicano que, para ese entonces, 2014, se había convertido en cómplice abiertamente. Fue en ese año precisamente que la entonces PGR detuvo a un policía de los que torturaron a la periodista. Es decir, estaba identificado y ubicado, pero debió intervenir el organismo internacional para que se hiciera justicia durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Era la primera vez que el Comité condenaba a un Estado por no proteger a una periodista y la primera vez que ordenaba investigar y sancionar a los responsables.
La detención de uno de los policías que torturó a Lydia Cacho, José Montaño, todavía en prisión, pero a punto de salir libre, fue considerada en México un acto de justicia en el caso. Así querían que quedaran las cosas, sin tocar un pelo a los verdaderos delincuentes que se vieron implicados no sólo por mandar torturar a la periodista.
La intención de algunos jueces y autoridades fue limpia, pero siempre se frustró ante el poder de los delincuentes y, sobre todo, de su amistad con hombres de la política. Así, el 11 de abril de 2019 se libraron finalmente ordenes de aprehensión contra Mario Marín, Kamel Nacif, el exdirector de la entonces Policía Judicial del estado de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán; y el excomandante para el Cumplimiento de Mandamientos Judiciales de la entonces Procuraduría de Puebla, Juan Sánchez Moreno. De estos, solamente Sánchez Moreno fue detenido, procesado y sentenciado por el delito de tortura.
Marín, Nacif y Karam promovieron juicios de amparo contra las órdenes de aprehensión, alegando la existencia de violaciones procesales y la falta de pruebas en su contra, siguen libres. El Segundo Tribunal Unitario les concedió el amparo, pero la resolución fue impugnada por la organización que lleva el caso de la periodista.
Este es sólo un caso de los que sucedían en México, y de no corregirse puede suceder de nuevo. El periodismo real, el que no miente, el que investiga, el que tiene compromiso con su tiempo histórico es motivo de persecución por los privilegiados de México.
Así sucedió con la periodista de Proceso Regina Martínez, en Veracruz; con Miroslava Breach, en Chihuahua; y sigue sucediendo en el país. Desde luego con mayor frecuencia en algunos estados que otros.
La mujer no es vulnerable por naturaleza, se vuelve vulnerable cuando realiza labores que intentan descubrir la verdad atrás de los muchos intereses de los delincuentes.
El caso de Lydia Cacho es un claro ejemplo de quien por descubrir la verdad debe estar huyendo permanentemente, y no ha habido poder humano que haga justicia. Sobre todo porque los delincuentes pertenecen al partido político que estaba en el poder.
Desde el llamado Gober precioso, Mario Marín, quien no sólo tiene esas cuentas pendientes con la justicia, luego de un sexenio de atropellos y represión, debe rendir cuentas a la ley. Así como su encargado de la justicia, el represor Adolfo Karam, cuya fama de extorsionador y de estar asociado con grupos de delincuentes todavía está fresca en la memoria mexicanos.
La trata de menores y la tortura son delitos que no deben existir a estas alturas de la civilización; sin embargo, en México no sólo se permiten, sino que quedan impunes, según mostraron los presidentes Fox, Calderón y Peña Nieto, quienes, a pesar de que tenían conocimiento del caso, nunca hicieron nada para que se hiciera justicia. Había implicados de sus respectivos partidos en el caso.
Ahora se ha reabierto el caso y esperemos que haya sanciones ejemplares contra los delincuentes, a pesar de tener amigos poderosos. PEGA Y CORRE. – Pareciera que los enemigos de la 4T son sus aliados ante la torpeza de algunas informaciones; esta vez ayudó al prestigio del Presidente anunciar que la empresa donde trabaja su prima tenía contratos en Pemex. Ahora, López Obrador cancela esos contratos que inició hace varios años, donde en realidad había algunas irregularidades… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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