Secuestrada prácticamente desde hace un año, así luce la mina San Rafael Cosalá en Sinaloa. Fue el 26 de enero cuando un grupo de mineros denunció la irrupción a la fuerza por parte de simpatizantes de Napoleón Gómez Urrutia. A la brava, aseguran, llegaron a apoderarse de las entradas a la mina y desde ese día se impide el paso a cualquier trabajador. Así nació esta historia y no como quieren hacerle creer al Presidente.

Hace unos días, en la conferencia matutina de AMLO, un reportero utilizó su derecho a expresarse para sacar el tema de la mina. Con total desconocimiento, aseguró que ésta estaba tomada por los trabajadores adheridos a la Unión Nacional de Sindicatos Minero-Metalúrgicos y Metal-Mecánicos de México, a la UNASIM, dijo que se trataba de un grupo de poder que impedía el reinicio de las operaciones y que incluso estaba conformado por legisladores y exfuncionarios públicos.

Este solicitó el micrófono para hacer una pregunta, sin embargo, terminó leyendo prácticamente el guión de una historia mal contada y que faltaba en todo momento a la verdad. Cabe mencionar que hoy circulan por redes sociales fotos del mismo reportero en distintas asambleas hechas por los afines a Napito, llevadas a cabo afuera de las instalaciones de la mina en Cosalá; también es importante decir que a este sitio solo tienen acceso los simpatizantes del senador de Morena.

Es evidente que hoy intentan con enviados engañar al Presidente, intentan hacerle creer una historia que él conoce bien, ya que los verdaderos mineros se le acercaron a pedirle ayuda y a denunciar el atraco.
Fue el 22 de febrero que el Presidente los escuchó cuando iba camino a Durango y les preguntó sobre la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo, ya que él suponía que si el paro lo inició Napito, entonces, a este le pertenecía, sin embargo, quedó más que evidente que se trataba de una invasión, ya que el CCT estaba en manos de otro sindicato.

En ese mismo encuentro, los mineros fueron claros al decirle que nunca habían existido problemas entre empresa y sindicato y que la mina debía abrirse para no perder los empleos.

Hoy el cinismo de Napito llegó una vez más hasta el Presidente, y es que hay quien dice que ya se le hizo fácil engañarlo y verle la cara, primero al ocultarle que es canadiense y así aceptar una curul violando la Constitución, después al asegurarle que es minero cuando no existe registro alguno que dé fe de este hecho. Sabemos que el Presidente se hará cargo de este caso y no se quedará con una versión carente de realidad.

Investigará porqué la mina está cerrada, indagará porqué Napito pidió a la empresa varios millones de dólares para reabrir la mina, petición que fue negada por los empresarios al ser calificada de extorsión, investigará quiénes son los que custodian la mina y porqué a decir de los mineros portan armas largas.

Sobre Cosalá hay mucho que decir, pero más por aclarar, por ejemplo por qué la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en medio de anomalías e irregularidades decidió realizar el recuento por la titularidad del CCT, por qué validó un padrón lleno de infiltrados.

Señor Presidente, no podemos permitir que Cosalá cuente la misma historia de Cananea, Sombrerete y Taxco, comunidades mineras que fueron invadidas. El cierre de una mina a petición, capricho o beneficio personal, implica pérdida de empleos, baja en la calidad de vida de los trabajadores, pérdida de inversión, es un golpe al erario, porque si no hay producción no hay pago de impuestos, recae en la marginación y pobreza para la localidad.

 

                                                                                                          @CarlosPavonC