La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) se pronunciaron en contra de la iniciativa de regulación del outsourcing promovida por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ya que atenta contra los empleos formales y las empresas.
En un comunicado conjunto, los organismos que representan al sector industrial, agrícola y laboral, destacaron que la propuesta de regulación al esquema de subcontratación laboral, dañaría la competitividad del país y podría provocar el cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas.
Incluso estimaciones de la Coparmex y la Canacintra señalan el riesgo de perder entre uno y dos millones de empleos en caso de que se elimine el outsourcing.
Además, las agrupaciones expresaron que la responsabilidad de las prácticas irregulares que hay en torno al outsourcing recae en la falta de supervisión adecuada del Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Infonavit y el IMSS.
“Resulta absurdo que se pretenda generalizar y responsabilizar de estas conductas a todas las empresas cuando los ilícitos hayan sido cometidos, en todo caso, por una absoluta minoría”, suscribieron.
“La iniciativa del Ejecutivo Federal que pretende coartar la libertad de la subcontratación atenta contra la creación y preservación de empleos formales, que dan sustento a familias mexicanas”, suscribieron las agrupaciones en el comunicado.
Pedirán al Legislativo posponer discusión de iniciativa de outsourcing (+video)
Tanto la Coparmex, como el CNA y la Canacintra reiteraron que están dispuestos a mantener el diálogo abierto con el Ejecutivo y en su momento, con cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, para lograr una Ley que priorice su posición en esta materia: “Regulación sí, prohibición no”, expresaron.
Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico, advirtió que la eliminación de la subcontratación en el país podría traer problemas en la relación bilateral con Estados Unidos, ya que en el país vecino el 92% de las empresas utiliza el outsourcing y por ende, se limitaría la creación de empleos por parte de dichas empresas en México, así como la llegada de inversiones, llevando al país “al tercer mundo laboral”.
Mientras que algunas cúpulas empresariales mostraron rechazo a las intenciones del Gobierno sobre el outsourcing, otros organismos del sector privado, encabezados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) fueron más conciliadores sobre alcanzar un pacto con la presente administración en 2021.
“Nosotros hemos sido, y yo he sido muy respetuoso, y así lo quiero seguir siendo con cualquier acción que cualquiera de los organismos empresariales quiera tomar, porque ellos tienen a sus propios asociados, tienen que responder a ellos, entonces si hay alguna duda de los asociados es preferible que den un paso atrás y reflexionen lo que deben hacer”, dijo Carlos Salazar Lomelín, titular del CCE.
Salario mínimo en México, aún una vergüenza pese aumentos: AMLO
Bancos temen que se genere un incremento de morosidad
La Asociación de Bancos de México (ABM) alertó que de prohibirse la subcontratación laboral y por ende, se llegase a generar un despido masivo de trabajadores, podrían afectarse los niveles de morosidad de la banca que hasta el momento han sido estables pese a la pandemia, razón por la que los diálogos en torno al outsourcing deben realizarse tomando en cuenta a todos los involucrados.
“Tendrá un impacto negativo en el crédito si se prohíbe totalmente (el outsourcing) y acaban despidiendo a una cantidad importante de trabajadores, que al final muchos de ellos pueden tener créditos con la banca”, destacó en conferencia de prensa Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM.
Sobre el acuerdo que firmó tanto el Gobierno de México, como el sector empresarial y el obrero, de retomar las discusiones del tema de la subcontratación hasta febrero del próximo año, Niño de Rivera dijo que la banca está de acuerdo, pero ante cualquier decisión se debe de tomar en cuenta el crecimiento económico y el bienestar de los trabajadores, y más en pandemia
TFA