La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) implica un retroceso en la administración de justicia, así como a la colaboración interinstitucional propia de un Estado de derecho al afectar los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas solicitó al Senado que abra un parlamento abierto en el que se discuta esta iniciativa, así como las reformas constitucionales y legales necesarias.
Señaló que la propuesta parte de la desconfianza de la FGR hacia las instituciones con las que se debe articular.
“Si bien ésta hace referencia a la coordinación interinstitucional, impone mecanismos de subordinación a la fiscalía de distintas instituciones de la Administración Pública Federal, como la Guardia Nacional, la Comisión Nacional de Búsqueda y el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, refirió el funcionario.
Además, abandona su participación en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y la Comisión Intersecretarial para el Combate de la Trata de Personas.
Así como de su responsabilidad para encabezar el Programa para Prevenir y Sancionar la Tortura, y otros mecanismos de protección de derechos humanos, como la Coordinación General de Investigación de los delitos cometidos durante la llamada Guerra Sucia.
Detalló que la compleja realidad del país demanda de un diálogo amplio interinstitucional y social que permita reencausar la procuración de justicia en México y articular los esfuerzos y capacidades del Estado para lograr resultados en favor de la verdad y la justicia, poniendo en el centro de la atención a las víctimas.
“La iniciativa presentada en el Senado de la República implica una subordinación de los organismos autónomos constitucionales, de la Administración Pública Federal, las entidades paraestatales, los órganos, dependencias, entidades e instituciones de las entidades federativas y de gobierno e incluso, a los particulares al Ministerio Público”.
Subrayó que la autonomía constitucional de la FGR debe ser entendida como una fortaleza del Estado de derecho, mediante la cual se garantice el acceso a la justicia, y no para fragmentar las capacidades del Estado en su respuesta a los derechos de verdad, justicia y rendición de cuentas.
Resaltó que esto adquiere mayor importancia en momentos en que el Gobierno de México ha asumido como prioridad la lucha contra la corrupción e impunidad.
También indicó que resulta grave que la iniciativa proponga el retiro de la FGR del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y de otros mecanismos, cuando, por el contrario, se requiere de una mayor coordinación institucional para combatir la desaparición de personas
“La propuesta de retirar a la FGR del Sistema Nacional de Búsqueda al pretender derogar el artículo 45, fracción III de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, niega el derecho de toda persona a ser buscada y pretende sustraerse de las obligaciones constitucionales y legales de la fiscalía en la búsqueda de las personas desaparecidas”.
Explicó que esto implica el desconocimiento del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas y del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, construidos con la participación de las familias de las víctimas, sociedad civil y comunidad internacional.
Expuso que con la propuesta de eliminar los artículos 24 y 45 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas se pretende sustraer a la FGR de la determinación más amplia de los casos de su competencia, lo que implicaría la imposibilidad de articular coordinadamente las acciones que garanticen la búsqueda de las personas.
El subsecretario enfatizó que ninguna iniciativa de ley o reforma en la materia puede aprobarse sin abrirse a un parlamento abierto que garantice el derecho a la participación activa de las familias de personas desaparecidas y sus representantes, así como a la participación de los integrantes del Sistema Nacional de Búsqueda.
AR