Por unanimidad, el Senado de la República, expidió la Ley General de Educación Superior, que será reglamentaria del artículo tercero de la Constitución en materia de educación y abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.
De acuerdo con la nueva legislación que fue enviada a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación, la aplicación de esta nueva Ley, corresponderá a las autoridades educativas de la Federación, las entidades federativas y los municipios.
El objetivo de la legislación es establecer las bases para cumplir la obligación del Estado de garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior.
Se crea el Fondo Federal Especial para la Obligatoriedad y Gratuidad de la Educación Superior y, se conforma el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.
Al respecto la senadora del PAN, Minerva Hernández, se congratuló de las diversas modificaciones realizadas al dictamen, para hacerlos congruentes con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, “puesto que ello abonará a dotar de mayor certidumbre a las instituciones de educación superior y reafirmará la rectoría del Estado, en cuanto a la planeación, coordinación, regulación y financiamiento de este derecho universal”, refirió la senadora.
En tanto, el vice coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, dijo que con esta nueva Ley, se establecen las bases para dar cumplimiento a la obligación del Estado mexicano de garantizar el derecho a la Educación Superior y también se contribuye al desarrollo “social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, productivo y económico del país a través de la formación de personas con capacidad creativa, innovadora y emprendedora”.
Además, se establecerse criterios para el financiamiento correspondiente al servicio público de educación superior, y se regula la participación de los sectores público, social y privado en este servicio.
Mientras que la también senadora del PRI, Beatriz Paredes, expresó su confianza por que las autoridades responsables, “comprenden la trascendencia de la necesidad de recursos suficientes, no sólo para consolidar a las instituciones de educación superior, si no para apoyar un robusto sistema de becas que nos garantice que el principio de gratuidad, no quede en letra muerta y sobre todo que evite la deriva de varias universidades públicas que enfrentan año con año insuficiencia presupuestal”.
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CT