Quien parece que le va a poner un alto a los absurdos cambios que propone el Gobierno federal en materia de subcontratación laboral será el próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Ya subieron la voz los demócratas, tanto como los republicanos, y la advertencia es que van a defender los intereses de las empresas de su país que se vean afectados con las modificaciones al outsourcing.
Lo mismo va a hacer Biden en el terreno energético, donde claramente el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha torcido las leyes para beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, en detrimento de los derechos de las empresas privadas, nacionales y extranjeras.
Pero mientras llega el manotazo de La Casa Blanca en materia de outsourcing, el presidente López Obrador va a disfrutar el pleito entre empresarios por las presiones que ejerce contra ellos.
Y es que los organismos del sector privado agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dejaron ver una fisura después de que el presidente de esta cúpula empresarial, Carlos Salazar Lomelín, acudió al llamado presidencial para tomarse una foto con el Presidente y con el Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves.
Si algo disfruta el líder de la 4T es generar un conflicto para después aparecer como la solución y de paso culpar a los demás del problema.
El presidente del CCE se tuvo que tragar el discurso de que los empresarios son los defraudadores, pero que el Gobierno de la transformación es tan comprensivo que les va a dar chance de establecer un acuerdo que termine, eso sí, en la modificación de la subcontratación laboral el próximo año.
La mayoría legislativa de Morena y partidos satélites son obedientes y sumisos. Por lo tanto, no les molestará que el Presidente se tome la facultad de detener una iniciativa que ya estaba en estudio. Lo harán y callarán.
Pero los organismos que integran el CCE no son así de obedientes, ni ante las maniobras del presidente López Obrador, pero tampoco del titular del propio organismo empresarial.
Y por lo menos tres organismos que forman parte del CCE ya levantaron la voz para decir, de entrada, que no aceptan el estigma de defraudadores fiscales y violadores de derechos laborales.
La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y el Consejo Nacional Agropecuario, pintaron su raya con el CCE ante la clase de modificaciones que pretende el Gobierno federal.
Las discrepancias entre los organismos del sector privado no son algo nuevo, solo que ahora se profundizan por razones políticas.
Hay un grupo de dirigentes empresariales que son, digamos, más conciliadores con el Gobierno federal y otros son totalmente combativos ante las posturas de la 4T.
Por ahora, en materia de las modificaciones en materia de subcontratación laboral lo único que han ganado los empresarios es tiempo, nada más.
Pero lo que sí debe disfrutar un Gobierno que no quiere a los empresarios es ver cómo se pelean entre ellos, gracias a sus iniciativas.
@campossuarez