La Cámara de Diputados aprobó las reformas a los artículos 94, 97, 99, 100, 105 y 107 de la Constitución, relativos al Poder Judicial de la Federación.
Al fundamentar la propuesta, la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) aseveró que esta reforma marcará una nueva etapa en el sistema jurídico mexicano porque atiende la necesidad de fortalecer la Suprema Corte de Justicia como tribunal constitucional.
Puntualizó que esto fortalecerá al Estado de derecho, la protección de derechos humanos de los mexicanos y consolida una verdadera carrera judicial para todas las categorías a las que se accede mediante concurso de oposición.
La legisladora indicó que con esta iniciativa se consolidará una verdadera carrera judicial para todas las categorías a las que se accederá mediante concurso de oposición, se limitará la discrecionalidad de nombramientos otorgados por jueces y magistrados, se establecerán políticas que orienten las determinaciones del Consejo de la Judicatura en materia de adscripciones, readscripciones, reincorporaciones y ratificación de juzgadores.
Además, se eliminan los tribunales unitarios de circuito que son sustituidos por los tribunales colegiados de apelación, se eliminan los plenos de circuito y son sustituidos por los plenos regionales, se cambia la denominación de contradicción de tesis por el de contradicción de criterios, desaparece el recurso de revisión administrativa, del que conoce la SCJN, y se concede tal facultad al Consejo de la Judicatura Federal.
Además, se reforzarán las facultades institucionales del combate a la corrupción y al nepotismo, se impulsará la capacidad y profesionalización del personal a través de la creación de una escuela judicial.
Alavez Ruiz añadió que también se fortalecerá el Instituto Federal de la Defensoría Pública para que los defensores públicos se conviertan en verdaderos abogados de los pobres.
El dictamen amplía la facultad de promover controversias constitucionales a los órganos constitucionales autónomos locales, fortalece la declaratoria general de inconstitucionalidad, restringe la procedencia del recurso de revisión en amparo directo y se elimina la posibilidad de impugnar los acuerdos del presidente cuando determina desechar un recurso de esta clase.
Además, eliminan los tribunales unitarios de circuito que son sustituidos por los tribunales colegiados de apelación, se eliminan los plenos de circuito y son sustituidos por los plenos regionales, se cambia la denominación de contradicción de tesis por el de contradicción de criterios, desaparece el recurso de revisión administrativa, del que conoce la Suprema Corte, y se concede tal facultad al Consejo de la Judicatura Federal.
Por su parte, la diputada Pilar Ortega (PAN) acusó que los diputados de Morena levantan la mano para aprobar lo que le envía el Presidente de la República sin leer de qué trata el asunto.
La reforma, sostuvo, debilita el federalismo, limita las controversias constitucionales y acota los recursos de revisión para los amparos directos.
El grupo parlamentario de Acción Nacional votó en contra porque consideraron que “el Poder Judicial Federal había sido el último reducto de la voluntad autoritaria que se respira en México”.
Ortega planteó que en el proceso legislativo se hizo la recomendación de llevar a cabo una amplia discusión nacional, con la máxima participación de Magistrados, Magistradas y Jueces actuales, y de sus asociaciones profesionales, así como otras categorías de la Sociedad Civil, para así asegurar que sus expectativas y preocupaciones se tomaran en consideración.
Sin embargo, agregó, la Cámara de origen no solo no realizó esta gran discusión nacional, “la verdad es que el proyecto que hoy se somete a consideración, es el proyecto de un grupo compacto, pero no de la Suprema Corte en su conjunto y muchos menos del Poder Judicial de la Federación”.
“Si queríamos efectivamente fortalecer al Poder Judicial de la Federación debió incluirse un proceso más abierto y con más controles para la designación de Ministros y Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, destacó.
El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar (MC) estimó que faltan partes medulares en esta modificación y una de ellas es la doble presidencia de la SCJN y del Consejo de la Judicatura y se van a generar conflictos de interés.
Detalló que en la actualidad el Poder Judicial tiene un reto para instrumentar esta reforma, que es no tener el presupuesto adecuado, lo cual podría ser letra muerta en dichas circunstancias.
Santiago Nieto destacó que en la UIF de la SHCP creen que el tema debe ser discutido de forma más amplia y técnicahttps://t.co/k8Uy1rOLP6
— @diario24horas (@diario24horas) December 15, 2020
ACUERDAN DIPUTADOS VOTAR MAÑANA LEY DEL BANXICO
CT