La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la víspera una ley para evitar que personas que el Gobierno cree financiaron intentos de derrocar al presidente Daniel Ortega o alentaron sanciones contra sus funcionarios, se presenten a las elecciones generales de 2021.
La llamada “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y autodeterminación para la Paz” fue aprobada por 70 votos del gobernante sandinismo.
Los críticos del Gobierno ven la norma como un intento de amordazar a la oposición de Ortega, quien en noviembre de 2021 buscará su tercer mandato consecutivo. La ley no especifica cómo se determinará la inelegibilidad de los candidatos.
“Esos que piden sanciones internacionales contra Nicaragua o sus funcionarios que vayan a ser candidatos en el imperio”, dijo el presidente del Congreso, Gustavo Porras, en referencia a Estados Unidos durante el debate del proyecto de ley.
Porras es, por cierto, uno de los 27 funcionarios nicaragüenses que han sido sancionados por Estados Unidos en los últimos años.
El gobierno de Daniel Ortega acusa a la oposición de intentar lanzar un golpe de Estado y de presionar para que se impongan sanciones a los actuales funcionarios después de que estallaron las protestas en su contra desde abril de 2018.
LEG