El Gobierno de la Comunidad de Madrid inició el miércoles una investigación sobre la supuesta vacunación ilegal contra el COVID-19 de familiares de trabajadores de una residencia de ancianos, así como de los sacerdotes que visitaban el centro.
La normativa estipula que sólo los residentes y empleados de este tipo de centros pueden recibir la vacuna durante la primera etapa de la campaña de inoculación.
Sin embargo, los familiares de algunos de los trabajadores de la residencia de ancianos Casablanca Valdesur, en Valdemoro, al sur de Madrid, también recibieron la dosis, según informó el martes el medio elDiario.es.
“Hemos iniciado una investigación sobre la denuncia”, dijo el miércoles un portavoz de la Comunidad de Madrid.
El Grupo Casablanca, una empresa de residencias de ancianos que en España cuenta con nueve centros, según se indica en su página web, afirmó que el fármaco tiene una vida útil de dos horas si no se utiliza.
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Para evitar el desperdicio de dosis, éstas se administraron en personas que no eran empleados o residentes del hogar Valdesur, indicó la compañía, añadiendo que se siguieron las normas en todos los demás hogares.
“Con el único ánimo de aprovechar el 100% de las dosis recibidas y proteger al máximo a los mayores de nuestras residencias, se ha vacunado a varios sacerdotes que nos asisten espiritualmente en los centros del grupo, voluntarios que están en contacto con los mayores de forma habitual y algunos mayores de riesgo familiares de algunos empleados”, indicó el grupo en un comunicado.
“Casablanca asume la responsabilidad de lo sucedido y lamenta las consecuencias que estas anomalías pueden haber causado”.
ica