La diputada federal del PRD, Mónica Bautista Rodríguez exhortó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y a la Legislatura Mexiquense iniciar las investigaciones correspondientes a fin de deslindar las responsabilidades de los funcionarios públicos del Gobierno del Estado que autorizaron el incremento de contribuciones contenidas en la ley de ingresos para el año fiscal 2020, vigente al 1 de enero de 2021, sin haber sido aprobada por esa instancia legislativa la correspondiente para el año fiscal 2021.
A través de un Punto de Acuerdo que presentó ante la Comisión Permanente, la legisladora precisó que el incremento de impuestos que se están cobrando en la entidad mexiquense, sin que haya sido aprobada la Ley de Ingresos, es una violación a la constitución del Estado de México.
Detalló que el Ejecutivo del Estado entregó el Paquete Fiscal 2021 en el mes de noviembre y el 7 de diciembre la Legislatura solicitó al Ejecutivo local una nueva propuesta de Ley de Ingresos, porque la que presentó contenía un incremento en el monto de endeudamiento superior a los 13 mil 500 millones de pesos, con lo que la deuda superaría los 56 mil 500 millones de pesos.
La diputada federal por el Estado de México resaltó que el Congreso Mexiquense cerró el período ordinario de sesiones el 18 de diciembre pasado, sin haber aprobado el paquete presupuestal para el año fiscal 2021.
“En este sentido y conforme lo dicta la Constitución del Estado, en tanto no se apruebe el nuevo paquete presupuestal, el 1 de enero quedaría en vigor el correspondiente al año 2020, sin que pudiera hacérsele ningún ajuste”, abundó.
El pasado 4 de enero, se instaló un período extraordinario de sesiones para examinar el paquete económico, declarándose en sesión permanente. “El 5 de enero se aprobó la Ley de Ingresos en las comisiones correspondientes y las y los diputados se encuentran a la espera de que se llegue a un acuerdo en relación con el presupuesto de egresos para el Estado”.
Bautista Rodríguez destacó que por lo anterior, tanto la Legislatura como la Fiscalía General de Justicia deben iniciar las investigaciones que conduzcan a esclarecer y deslindar las responsabilidades administrativas y penales de los funcionarios del Gobierno del Estado que autorizaron estos ajustes, de manera ilegal e inconstitucional.
EFVE