La asistencia técnica del Gobierno de Estados Unidos a México para el combate a la delincuencia organizada está fracturada y, en una de esas, hasta finalizada sin que los mexicanos lo sepamos aún.

No solo fue la revelación de la investigación de la DEA sobre el general Salvador Cienfuegos, la negativa, según el todavía embajador de Estados Unidos en nuestro país, Christopher Landau, de México para aceptar tecnología para disminuir el tráfico de armas, sino la publicación de la ley que regula la actividad de agentes extranjeros en nuestro país.

Se trata, desde luego, de una decisión soberana del Gobierno mexicano, que sin embargo, por la forma en que se dio, pareció más bien un rompimiento que una corrección de los protocolos.

De acuerdo a esta ley, los agentes extranjeros tienen que registrarse como tales ante la Secretaría de Relaciones Exteriores además de reportar mensualmente sus actividades a la misma dependencia, entre otras reglas.

La ley está pensada en los agentes de la DEA, no solo porque dicho ordenamiento se aprobó a velocidad récord en el Senado, apenas días después de que se hiciera pública la captura del general Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles.

El Gobierno mexicano reconoció entonces que no había sido informado sobre la investigación sobre el exsecretario de la Defensa Nacional, lo que generó una nota diplomática muy dura.

La exoneración de los cargos en contra de Cienfuegos, hecha por la Fiscalía General de la República y la publicación de las 751 cuartillas de las que consta la investigación de la DEA, es una clara muestra de que al actual Gobierno mexicano no le importa, por alguna razón, la colaboración con las agencias internacionales de inteligencia, especialmente las estadounidenses, tan apapachadas en los gobiernos anteriores.

El destino de las relaciones entre ambos gobiernos -el nuevo presidente Joe Biden toma posesión el miércoles-, se conocerá en cuanto se nombre al nuevo embajador estadounidense en nuestro país.

México anunció con meses de anticipación al cambio de Gobierno que el nuevo embajador será Esteban Moctezuma, actual secretario de Educación, quien tendrá que hilar muy fino para recomponer una relación que desde lejos se ve dañada aún antes de comenzar la nueva administración.

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Por redes sociales se hizo viral la renuncia de Miriam Esther Veras Godoy a la dirección del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), encargada del plan de vacunación.

Durante la noche, en la conferencia Covid-19, Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, confirmó la renuncia que dijo fue “por motivos personales’’.

Todas lo son.

El hecho es que las versiones periodísticas previas al anuncio oficial relataban que la funcionaria había decidido renunciar en desacuerdo con la política y el calendario de vacunación.

Habrá que esperar unos días a que la propia Veras Godoy dé su versión de los hechos, como ha sucedido con el resto de los exfuncionarios que renunciaron y que tiempo después admitieron que lo hicieron porque la administración federal no tiene pies ni cabeza.

A ver.

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La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, asumirá la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) el próximo 27 de enero en sustitución de Juan Manuel Carreras.

Pavlovich será apenas la segunda mujer en asumir el liderazgo de la Conago, luego de Amalia García, allá por el 2005.

La sonorense será la interlocutora de los gobiernos estatales que siguen en la Conago y tendrá como principales retos el seguimiento al proceso de vacunación y la reactivación económica.

Nada más.

LEG