El litigante explicó a medios que Marín y Velázquez dirigen a un grupo que secuestró derechos y salarios de la mayoría de los cooperativistas y por ello han sido denunciados penalmente.
Para informar que se han denunciado ante la justicia las ilegalidades cometidas por Víctor Manuel Velázquez y José Antonio Marín en contra de la Cooperativa la Cruz Azul, el abogado Antonio Lozano Gracia realizó ante medios de comunicación una amplia exposición, en la cual detalló también algunos de los argumentos de la mayoría de los cooperativistas y las etapas del litigio que está actualmente en curso.
“Fuimos requeridos como litigantes para asesoría legal por parte de un grupo de más de 500 de los 715 cooperativistas de Cruz Azul, es decir, la abrumadora mayoría, quienes realizaron una asamblea perfectamente legal el pasado 26 de agosto en la que fueron elegidos como presidente del Consejo de Administración, Federico Sarabia Pozo, y como presidente del Consejo de Vigilancia, Alberto López Morales”, detalló Lozano Gracia.
Lozano Gracia indicó que el grupo de Marín y Velázquez, que se hace llamar “disidentes”, en realidad mantiene secuestrada a la cooperativa, pues la asamblea de 2018 en la que indebidamente asumieron cargos directivos fue ya declarada nula por vicios en la convocatoria y, a pesar del recurso que interpusieron y que surte efectos temporales, esa nulidad será muy pronto confirmada de manera definitiva como resultado del Juicio de Amparo que está en proceso ante la justicia federal.
Además, el también ex Procurador General de la República, explicó que existen otros vicios con los que estos individuos siguen violando los estatutos de Cruz Azul, como el hecho de que al haber sido ellos parte de la directiva anterior, estaban impedidos para ocupar las posiciones que en 2018 se adjudicaron; Aunado a ello, abundó, nadie, según las normas internas de Cruz Azul, puede permanecer más de dos años al frente de los consejos, como Marín y Velázquez pretenden ilegalmente hacerlo.
Lo que es muy grave y por ello ha sido denunciado penalmente, advirtió el abogado, es la ilegal suspensión, a más de 160 cooperativistas, del pago de sueldos y anticipos de rendimientos a los que tienen derecho, bajo el absurdo argumento de “que actualmente tienen una situación especial”. Eso no existe. Se trata de un delito sancionado por el código penal y en este caso entregamos ya al ministerio público oficios en los que consta que este secuestro de los sueldos y anticipos de rendimientos ha sido cometido por el grupo de Marín y Velázquez en contra de los socios de la cooperativa y de sus familias, dijo.
Ha trascendido que quitar a los cooperativistas pagos y prestaciones que les corresponden ha sido uno de los mecanismos que Víctor Manuel Velázquez y José Antonio Marín han utilizado como amenaza y para buscar doblegar a la mayoría, a fin de lograr mantenerse en los cargos directivos desde los cuales -según se acusa- hacen uso indebido del patrimonio y de los recursos de Cruz Azul.