Si quiere encontrar un responsable del desabasto generalizado de medicamentos bien puede mirar al Gobierno y al socio que contrató para la compra consolidada de estos.
Se trata de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios y Proyectos (UNOPS), que nomás no ha podido realizar la primera compra de medicamentos para este año, generando el desabasto y un desorden en el mercado nacional.
El 31 de julio del año pasado, el INSABI -que quién sabe que hace-, firmó con la UNOPS un convenio por el cual cedía la compra consolidada de medicamentos por un monto de 4,000 millones de dólares para el periodo 2021-2024.
De acuerdo con información de los laboratorios mexicanos, el proceso de compra tiene 5 meses de retraso.
Cinco meses en los que ni el INSABI ni la UNOPS han podido concluir la compra planeada -ojo, planeada-, de medicamentos lo que ha obligado al Gobierno a recurrir a compras directas para satisfacer su demanda, provocando un caos en el mercado.
La mala planeación y las compras de pánico que ha hecho el Gobierno provocan el desabasto general que estamos padeciendo.
Es cierto que hay un aumento en la demanda mundial, pero en México la situación se agrava por que el Gobierno de la 4T tiene castigados a los laboratorios mexicanos y ha privilegiado la compra de medicamentos en el exterior, cuando por las condiciones de la pandemia hay menos transporte y por lo tanto más caro y las fórmulas para la fabricación de los productos tardan más tiempo en llegar a nuestro territorio.
¿Cuándo terminará el desabasto?
Lamentablemente se podría prolongar por varios meses más.
La UNOPS proyecta que para mayo tenga la primera entrega de medicamentos; si así fuera, la repartición para todos los estados tardaría algunas semanas más.
Eso sí, por fin, la Oficina de las Naciones Unidas logra entender el complejo mercado mexicano -las compras consolidadas las hacía el IMSS, pero a partir de la llegada de la 4T las hizo, en principio la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y luego el INSABI que decidió que fuera la UNOPS la encargada-, que no tiene nada que ver con las experiencias que tuvo en otros países como Guatemala, Costa Rica u Honduras.
Por sus servicios, la UNOPS cobrará una comisión del 1.25% de esos 4,000 millones de dólares.
Tendría que hacer que el pago valiera la pena.
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Gerardo Fernández Noroña enfrenta las consecuencias de su enorme bocaza.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluyó que sí ejerció violencia política en razón de género en contra de la también diputada Adriana Dávila, panista, sobre la cual sugirió que estaba involucrada en el tema de trata de personas, aunque nunca la mencionó por su nombre.
El evento se realizó en octubre pasado en Tlaxcala y ahí el diputado del PT pidió a los asistentes “pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”.
El TEPJF validó la sanción que había puesto el INE y que consiste en que Fernández Noroña pida una disculpa pública a la legisladora.
Si no lo hace, se le inscribirá en un padrón de violentadores en razón de género y no podrá participar en ninguna otra elección.
Ya dijo que no lo hará y hasta ayer no lo había hecho.
No se conoce cuánto tiempo tiene el diputado para disculparse, pero igual si no lo hace y no puede reelegirse, le hará un bien a la nación.
LEG