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FOTO: CONADE La actual administración también ha inhabilitado a la exsecretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda  

Por falsear su declaración patrimonial y ocultar seis cuentas bancarias de él y su cónyuge que sumaban 18 millones 300 mil pesos, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó al ex director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte (Conade), Alfredo Castillo, por 10 años, informó a través de un comunicado de prensa.

Así, el también excomisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, cargo otorgado tras la aparición de las autodefensas en esa entidad, se convierte en el cuarto funcionario de  Enrique Peña Nieto en ser inhabilitado para el ejercicio público.

Previamente, la secretaría dictó sanciones similares para a la exsecretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda; a la exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles; y al exdirector general de Petróleos mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

La sanción, de la cual fue notificado, derivó de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial, en el cual se detectó que el exfuncionario faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016.

La dependencia recordó que esta es una infracción al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

“La nueva ética pública que está construyendo el Gobierno de México se basa en la probidad, en la transparencia y en la estricta legalidad, y por ello los altos funcionarios debemos cumplir nuestras obligaciones, como la declaración de situación patrimonial, con el más alto estándar.

“Este mecanismo es una herramienta fundamental para prevenir la corrupción y detectar el enriquecimiento ilícito, por ello, cualquier incumplimiento será sancionado, a fin de seguir reconstruyendo la confianza ciudadana en el servicio público, la cual fue erosionada por el régimen neoliberal”, destacó la secretaria Irma Sandoval Ballesteros.

Con esta sanción suman 26 mil 64 expedientes de responsabilidad administrativa que la Función Pública inició en los dos primeros años del actual Gobierno de México, y de los que a la fecha se han resuelto 20 mil 222.

Castillo fue el agente encargado de la investigación en el caso de la niña Paulette, en 2010, y al cerrar el caso fue nombrado procurador de esa entidad.  En 2013 fue designado como titular de la Procuraduría Federal de Consumidor, y un año después, comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en Michoacán al surgir el conflicto con las autodefensas.

ica