El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso General una propuesta de modificación a la Ley de la Industria Eléctrica, con la cual se modificaría el despacho eléctrico para que en primer lugar sea ingresada a la red la energía producida por las plantas hidroeléctricas a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En segundo lugar, se recibiría la energía generada por otras instalaciones de esa empresa productiva del Estado como la proveniente de procesos nucleares, geotérmicos, ciclos combinados y termoeléctricas.
En tercer lugar, según la iniciativa del presidente López Obrador, se daría ingreso a la red a la energía eólica o solar de particulares y en último lugar a los ciclos combinados de empresas privadas.
El despacho eléctrico es el mecanismo por el que se decide el orden en que cada central eléctrica inyecta su energía a la red en un periodo determinado.
En la exposición de motivos del documento, el cual fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis, establece que “desde hace más de tres décadas, en el marco de la política neoliberal o neoporfirista, se fue imponiendo un proceso de privatización para debilitar y transferir empresas públicas a particulares y despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica nacional.
“En el gobierno anterior se otorgó plena cobertura legal a esta política con la llamada reforma eléctrica, consistente en modificaciones constitucionales y legales a base de sobornos entregados a legisladores mediante el engaño mediático a la población. Falseando la realidad, se dijo que dicha reforma se traduciría en la llegada masiva de inversiones extranjeras, en más producción de petróleo, gas y electricidad, y en mejores precios de estos energéticos para beneficio de los consumidores y desarrollo del país”.
Pero todo terminó en negocios para empresas particulares y políticos corruptos, asevera la iniciativa, y se transitó al apoderamiento privado del mercado eléctrico.
En un análisis sobre el tema publicado en noviembre del 2020, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) expuso que bajo el esquema actual significa que las centrales se despachan de acuerdo con sus costos de generación, a partir del principio de eficiencia económica.
Explicó que al pasar a un modelo donde primero se despache a las centrales hidroeléctricas de la CFE, independientemente de sus costos de generación, significa que el criterio de costos y eficiencia deja de existir.
“Esto elimina cualquier incentivo para la inversión privada en proyectos de generación, acabando en los hechos con el mercado eléctrico mayorista, con efectos negativos tanto para el sistema eléctrico en su conjunto, como para la economía del país y para el bienestar de los mexicanos, que terminarán pagando el incremento en los costos del sistema ya sea a través de su factura eléctrica o a través de sus impuestos”, señaló el IMCO.
MGL