Con el objetivo de beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el presidente Andrés Manuel López Obrador, envió ayer al Congreso una propuesta de modificación a la Ley de la Industria Eléctrica, con carácter preferente.
Con la iniciativa busca colocar a la CFE en el primer lugar para alimentar a la red eléctrica la energía que produce a través de sus plantas hidroeléctricas, bajo el argumento de que la norma actual antepone privilegios al sector privado e incluso critica “la política neoliberal y neoporfirista”.
En la exposición de motivos de la propuesta se argumenta que en el gobierno anterior, el de Enrique Peña Nieto, “se otorgó plena cobertura legal a esta política con la llamada reforma eléctrica, consistente en modificaciones constitucionales y legales a base de sobornos entregados a legisladores mediante el engaño mediático a la población”.
“La CFE quedó fracturada, casi en ruinas, endeudada, obligada a otorgar toda clase de subsidios a sus supuestos competidores, por tanto, con capacidad productiva disminuida y sometida a una regulación que privilegia a los particulares”, indica la iniciativa.
Al respecto, la diputada Mónica Almeida (PRD) consideró que los argumentos que fundamentan la reforma “reflejan una retórica de odio y obsesión por el pasado que denota una perversa aglomeración de poder en la Secretaría de Energía y minimiza a los órganos reguladores, lejos de una estrategia integral que garantice que efectivamente se logrará una soberanía energética”.
De modificarse el mecanismo de despacho eléctrico, como lo plantea la iniciativa, en segundo lugar se deberá recibir la energía que generé la CFE por medio de procesos nucleares, geotérmicos, ciclos combinados y termoeléctricas.
En tercer lugar se ingresará a la red eléctrica la energía generada por procesos eólicos y solares, y en último lugar los ciclos combinados de empresas privadas.
En los artículos transitorios de la propuesta se establece que los contratos de compromiso de capacidad de generación de energía eléctrica y compra-venta de ésta suscritos con productores independientes se revisarán para ser renegociados o terminados en forma anticipada a fin de garantizar el cumplimiento del requisito de rentabilidad para el Gobierno federal.
La diputada Almeida expuso que esta iniciativa va en contra de disposiciones constitucionales y tratados internacionales, en particular del T-MEC.
Además, continuó, la propuesta es la materialización de los decretos y el memorándum en materia energética que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya desestimó y dejó sin efectos.
La diputada Soraya Pérez (PRI) coincidió en que la iniciativa es violatoria de la Constitución y de varios tratados internacionales y adelantó que, ante una muy probable votación a favor por parte de la mayoría oficial, recurrirán como bloque opositor a interponer una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.
“Tendrán que meterle muchos recursos al sistema eléctrico porque estarían privilegiando fuentes de energía que no son baratas. Eso va en contra del objetivo de tener tarifas más baratas”, explicó Pérez, integrante de la comisión de Energía.
Para el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, la apropuesta del Ejecutivo “refrenda la soberanía nacional, fortalece a la CFE y prioriza el interés público para el acceso y distribución equitativa de energía en todo el país en condiciones menos costosas.
FRASES
“Es clara y declarada su inconstitucionalidad, se encarecerá el precio de la energía eléctrica, monopolizará la industria, sepultarán a los generadores de energías limpias, podrán en riesgo las inversiones en el país y se afectaría irremediablemente al medio ambiente”
Mónica Almeida,
diputada del PRD
… Y estrena facultad para acelerar cambio
Al presentar su iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo uso, por primera vez, de su facultad consagrada en el Artículo 71 de la Constitución para solicitar expresamente tratamiento de preferente para su propuesta.
Según la Constitución, el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen
Esto significa que la propuesta para modificar dicha ley tendrá que ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen, en este caso la de Diputados, en un plazo máximo de 30 días naturales.
En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de origen, el proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, es decir al Senado, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas.
Esta reforma no requiere de mayoría calificada para aprobarse, por lo que basta con los votos de Morena para sacarla adelante.
Este periodo ordinario será el último de la LXIV Legislatura que concluye en abril; en junio habrá elecciones para conformar una nueva Legislatura y cuya mayoría busca obtener la oposición.
El coordinador de Morena en la Cámara baja, Ignacio Mier, señaló ayer que pedirá hoy a sus compañeros que la “agenda prioritaria para febrero sea el outsourcing y la Ley de la Industria Eléctrica”.
LEG