El golpe de Estado en Myanmar era inevitable. Así lo subrayó ayer el jefe del Ejército, Min Aung Hlaing, pese a las condenas internacionales y la amenaza de sanciones por parte de Estados Unidos.
Sus declaraciones se dieron poco antes de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU y después que el partido de Aung San Suu Kyi, la lideresa de facto del gobierno depuesto, pidiera su liberación inmediata.
La reunión del Consejo de Seguridad finalizó sin lograr una declaración común para exigir el regreso de los civiles al poder. “China y Rusia han pedido más tiempo”, dijo un diplomático que pidió el anonimato.
Estados Unidos, tras definir la situación como un golpe de Estado, advirtió que reducirá su ayuda a Birmania. La ONU y la Unión Europea (UE) también habían condenado unánimemente el golpe.
Pekín se ha negado en cambio a criticar a nadie, y se limitó a pedir a las partes “solucionar sus diferendos”.
El golpe se llevó a cabo el lunes sin violencia. Un día después, los soldados seguían desplegados en la capital, Naipyidó, donde Aung San Suu Kyi, de 75 años, y otros líderes de su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND), fueron detenidos.
Los soldados también rodearon los edificios donde viven los parlamentarios, y una diputada de la LND describió a la agencia AFP un “centro de detención al aire libre”. Algunos parlamentarios indicaron que se les autorizó a salir en la noche del martes.
Según la congresista, Aung San Suu Kyi y el presidente de la República, Win Myint, están bajo arresto domiciliario.
Un portavoz de su partido indicó que no pudieron contactar con ella, pero la han visto pasear en su jardín.
LEG