Con el homicidio este miércoles de Leobardo Ramos Lázaro, presidente municipal de Santa María Chahuites, Oaxaca, suman 11 alcaldes ultimados o hallados en fosas durante el presente sexenio, señaló la consultora Etellekt.
De acuerdo con la carpeta de investigación 3789/FIST/CHAHUITES/2021, abierta por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, alrededor de las 07:00 horas, reportes policiacos informaron el hallazgo de un cuerpo en el interior de un vehículo oficial en las inmediaciones del barrio “Juchi”, el cual presentaba heridas producidas por disparo de arma de fuego.
Ante estos hechos, fueron desplegados agentes del Ministerio Público, peritos y agentes investigadores, para aclarar el caso y fijar las responsabilidades.
Desde enero de 2019, Ramos Lázaro realizaba su segunda gestión de Gobierno como integrante del partido Movimiento Ciudadano (MC) y concluía el 31 de diciembre de este año.
En 2019 fue acusado ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ante el Congreso de la Unión por el Frente Democrático ProDefensa del Pueblo, por probables actos de corrupción.
También en el norte
El miércoles pasado, Alfonso Zacarías, regidor del Partido Transformemos, fue ultimado frente al edificio del Palacio Municipal de Tecate, en Baja California. Horas antes participó en un evento con la alcaldesa Zulema Adams Pereyra, de Morena.
De acuerdo con medios locales, a las 16:40 horas recibió varios disparos mientras se encontraba en el estacionamiento de un comercio ubicado a pocos pasos de las oficinas de la presidencia municipal.
También señalaron que no hubo detenidos y los hechos no fueron registrados por las cámaras del C4, dado que no tienen alcance en dicha zona.
Rubén Salazar, director de la consultora Etellekt, dijo que van cuatro ediles privados de la vida en Oaxaca, lo que genera un foco rojo de cara a las campañas, que es cuando se incrementan estos atentados contra candidatos.
“Es una problemática que se presenta básicamente a nivel municipal. En el caso de los regidores, van varios que han sido ultimados. De igual forma, las fiscalías estatales deberán estar preparadas para investigar de forma expedita y evitar que la impunidad vuelva a imponerse, como ocurrió en la mayoría de atentados contra candidatas y candidatos en el pasado proceso.”
TFA