Al ser sólo un acuerdo emitido por el Ejecutivo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que acatará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a eliminar parte de los criterios de la política de confiabilidad del sistema eléctrico, pues de cualquier forma ahí viene la reforma, que contará con asideros para que el Estado tenga la rectoría en el sector, mas no se convertirá en monopolio.

“Las sentencias de la Corte se acatan y no hay manera de que no. Ahora viene la reforma legal, y en la reforma legal ya es otra situación, porque es el Congreso de la Unión quien tiene esta atribución y desde luego está en la cancha del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, la aprobación o no y el proceso legislativo de esta ley”, expresó en torno a la iniciativa preferente.

A la ministra en retiro se le cuestionó si no tendría que ser una reforma constitucional para que, de aprobarse, y en el marco de que ya ha sido rechaza por la iniciativa privada y gobernadores de oposición, no corriera la misma suerte que el acuerdo, pero consideró que tendrá mayores fundamentos, entre ellos que será un proceso revisado por el Legislativo.

“Tenemos los suficientes, digamos, asideros convencionales y constitucionales para avanzar porque, yo quiero insistir, no estamos rechazando la inversión privada en los temas energéticos, definitivamente no, eso quiero que quede claro. No significa monopolio, significa rectoría”, acotó.

Prevén intenso debate

En tanto, diputados federales de Morena salieron en defensa de la propuesta y aseveraron que con ella se frenará la política neoliberal de privatización de los energéticos y se garantizará un servicio confiable y de calidad.

El diputado Marco Antonio Medina criticó que la reforma de 2013 en la materia prometió múltiples inversiones para el sector pero éstas nunca llegaron, y “lo que sí llegó a la CFE fue la ruina económica, en la medida en que pasaba a manos de particulares el mercado eléctrico”.

Explicó que esta iniciativa forma parte de una reforma integral más profunda, necesaria para rescatar a la CFE y a Pemex de la ruina a la que fueron sometidos “con un objetivo claramente privatizador”.

Mientras que la diputada Dolores Padierna adelantó que habrá un debate muy fuerte en San Lázaro en torno a la iniciativa preferente enviada por López Obrador.

Refirió que se insistirá en que lo que está buscando el mandatario es que la electricidad pública tenga acceso a la red de transmisión y se fortalezca a la CFE, quitándole todas las medidas asimétricas en su contra para garantizar una electricidad más barata para los mexicanos.

Mientras que el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velasco, indicó que el fallo de la Corte no es vinculante y que “(no habrá inconstitucionalidad) porque no estamos haciendo una contrarreforma constitucional, son modificaciones y reforma a la ley secundaria”.

… Y oposición alerta sobre controversias

Los coordinadores parlamentarios del PRI y el PRD en la Cámara de Diputados coincidieron en que el falló de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que invalida la política energética del Gobierno federal, les alerta acerca de la iniciativa que envió el Ejecutivo Federal para reformar la Ley de la Industria Eléctrica.

El líder el tricolor, René Juárez Cisneros, dijo que la determinación que dio a conocer la SCJN el miércoles sí está vinculada con la iniciativa presidencial.

“Siendo respetuosos de esa determinación, nos alerta para que esta iniciativa sea analizada a profundidad y evitar precisamente que haya este tipo de circunstancias jurídicas y controversias que terminen precisamente en resoluciones de esta naturaleza”, señaló.

Además advirtió qué será una carga presupuestal y afectará las finanzas públicas, porque tendrá que haber un mayor subsidio a las tarifas.

Consideró que de ser aprobada en sus términos, “sin duda” seguirá la ruta de una controversia constitucional teniendo como antecedente la decisión de la Corte dada el miércoles.

En tanto, la lideresa del PRD, Verónica Juárez Piña, se congratuló por la determinación de la Corte y consideró que la iniciativa del Presidente “no tiene razón de ser a partir de lo ya determinado por la SCJN”.

“Evidentemente tiene rasgos de anticonstitucionalidad y me parece que lo que tendría que estar haciendo la mayoría es atender a lo que la Corte ya está diciendo”, expuso.
LEG