Con el fin de homologar criterios, requisitos, mecanismos de control y vigilancia a las empresas de seguridad privada, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, analizarán la minuta enviada por la Cámara de Diputados, que reforma el artículo 73 de la Constitución y faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de seguridad privada.
El proyecto, pretende evitar la aparición de empresas que no cuentan con los permisos necesarios para brindar el servicio de seguridad y que podrían abrir espacios a delincuencia.
La minuta enviada por la Cámara baja plantea las reglas mínimas de coordinación nacional, entre los prestadores de seguridad privada y pública; y establece la autoridad que tendrá a su cargo la autorización y regulación estas empresas en todo el territorio nacional.
Además, de determinar la coordinación entre las personas autorizadas a prestar dichos servicios privados y las autoridades de la Federación, los estados y municipios, a efecto de llevar a cabo una adecuada organización y funcionamiento de los auxiliares de la seguridad pública.
La propuesta también busca definir las medidas que se aplicarán en los trabajos conjuntos que se realicen en situaciones de emergencia y desastre, así como los aspectos vinculados a las policías complementarias en el país.
De acuerdo a la minuta envidada, actualmente en México, existen alrededor de seis mil empresas que se dedican a la prestación de servicios de seguridad privada, las cuales emplean aproximadamente a 500 mil personas; sin embargo, más de mil 500 compañías no cuentan con permisos.
AR