El golpe de Estado del 1 de febrero en Myanmar fue una acción deliberada por parte de los militares para retomar el control total y asumir la Presidencia, determinó Christopher Lundry, doctor en ciencias políticas y especialista en Asia.

Los militares prometieron que convocarían a elecciones al cabo de un año, sin embargo, Lundry comentó en entrevista que, una vez en el poder, “los militares no querrán renunciar a él de nuevo”.

El internacionalista especificó que la permanencia en el poder de los militares puede ser mermada, en primer lugar, por la respuesta de la comunidad internacional: “Existe la posibilidad de que haya recortes de la ayuda financiera y los préstamos, junto con recortes de inversión”.

La víspera, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció medidas contra la junta militar de Birmania, incluyendo el congelamiento de sus activos en EU, al tiempo que instó a los generales a renunciar al poder: “Vuelvo a pedir a los militares birmanos que liberen inmediatamente a los líderes políticos y activistas democráticos”.

Lundry anticipó que otro factor a considerar es su capacidad de manipular los resultados de las eventuales elecciones, “algo que las dictaduras hacen para legitimar su gobierno”.

El último factor que puede impactar el éxito del golpe de Estado es la oposición pública, argumentó el académico, ya que un gran número de protestas y manifestaciones en contra del régimen “lo puede forzar a decidir entre reprimirlas violentamente, o permitirlas y revelar su ilegitimidad interna”.

Uno de los aspectos en común entre el gobierno de Aung San Suu Kyi y los militares son los Rohingya. “Aung San Suu Kyi ha decepcionado a los defensores de los derechos humanos en todo el mundo al proteger a los militares tras el genocidio de los Rohingya”. Suu Kyi ha comparecido ante la Corte Internacional de Justicia, donde negó tanto que los Rohingya fueron ciudadanos, como su genocidio.

 

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