A principios de enero, Twitter suspendió la cuenta Trump por violar las políticas internas en torno a la violencia. Youtube, Facebook e Instagram también tomaron acciones.
Esto provocó que muchas figuras políticas expresaran su confusión y enojo por esa decisión pues apuntan a un dilema inherente en la política estadounidense del internet.
Pues estas plataformas se han convertido en lugares clave para la discusión de ciudadanos de distintos países y pueden se vistas como un arbitro global de la libertad de expresión cuando vigilan sus propias plataformas.
Stephen Carradini, profesor asistente en el programa de Comunicación Técnica en Arizona State University (ASU) señala que para entender mejor la relación se deben analizar los ideales legales que se interceptan en la política estadounidense del internet.
La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece que el Congreso no debe de introducir alguna ley que acorte la libertad de expresión. Aplicado a la esfera del internet, esto significa que el Congreso de los Estados Unidos no puede legislar lo que los ciudadanos pueden y no pueden expresar en línea. Bajo la actual interpretación, la Primera Enmienda limita al gobierno, pero no a las empresas particulares. Esto significa que Twitter, Facebook, Instagram y otras plataformas pueden definir lo que es permisible y rechazar contenido en sus plataformas.
El Congreso les ha proporcionado a las plataformas la libertad para establecer sus propias reglas de libertad de expresión. Tras dos casos judiciales relevantes sobre la moderación de contenido en los noventas, el Congreso estadunidense aprobó la sección 230 de la CDA.
La sección 230 también estipula que no se puede responsabilizar legalmente a las plataformas por sus decisiones de moderación de contenidos, resolviendo una pregunta abierta de los casos judiciales de moderación de contenido que la impulsaron. La sección les da a las plataformas la facultad de delimitar lo que ellas consideren contenido objetable en sus términos y condiciones
Los estadunidenses suelen pensar en la Constitución cuando discuten sobre la libertad de expresión, sin embargo, es la ley contractual la que gobierna el internet. El contrato que un usuario acepta cuando se suscribe a los servicios de una empresa delinea lo que puede y no puede decir en la plataforma. Si un usuario viola las reglas, su contenido puede ser eliminado y puede ser sancionado de acuerdo al contrato, incluyendo su remoción total de la plataforma.
Ante ello Carradini dice que Estados Unidos tendría la opción de revocar o cambiar la sección 230 lo que expondría a Facebook y otras empresas similares a demandas legales y sanciones en torno al contenido de sus plataformas.
El Congreso también podría podría aprobar una ley que preserve la libertad de expresión al dificultar o imposibilitar que las empresas eliminen contenido de sus plataformas. Tal camino seguiría los precedentes de la Corte Suprema de Estados Unidos establecidos en las decisiones sobre los casos de Marsh contra Alabama (1946) y Manhattan Community Access Corp. contra Halleck (2019), que establecieron que existen momentos y circunstancias específicas en las que las empresas privadas deben defender la Primera Enmienda.
Todas estas implicaciones tienen un alcance global. En los países donde se permiten, las plataformas estadunidenses a menudo tienen el poder de eliminar el discurso de cualquier persona que deseen, a menos que y hasta que los países aprueben leyes contra estas acciones. Por lo tanto, algunos países y regiones están haciendo cumplir las leyes existentes y considerando nuevas regulaciones con respecto a la libertad de expresión, como es el caso de México, señala Carradini.
Una alternativa es la Junta de Supervisión (Oversight Board) de Facebook. Fundada en octubre de 2020, la Junta revisa las decisiones internas de Facebook con el objetivo de que sean consistentes en todo el mundo.
Las empresas estadounidenses de redes sociales tienen actualmente un enorme poder para moldear el discurso público estadounidense y mundial. Queda por ver cómo cambiará el equilibrio de poder a medida que las empresas y los gobiernos desarrollen nuevos enfoques para gobernar las complejidades de la libertad de expresión en los Estados Unidos y en todo el mundo, puntualizó Carradini.
ica