En Irán, los fanáticos de los videojuegos (conocidos como gamers) echan mano a múltiples trucos para eludir los perjuicios colaterales de las sanciones estadounidenses, que asfixian la economía y que, a menudo, les impiden comprar directamente sus juegos preferidos o poder utilizarlos libremente en Internet.
“El consumidor sufre por un problema que opone a los gobiernos”, se lamenta Amir Goljani, jugador de 24 años y periodista especializado.
“No tenemos reivindicaciones políticas. Solamente queremos jugar”, indicó.
Cerca de la plaza Imán Jomeini, corazón de Teherán, las consolas más modernas, como la PlayStation 5 de Sony o la Xbox Series X de Microsoft se amontonan con los juegos más nuevos: se trata de una tienda de videojuegos como cualquiera de otra parte del mundo.
Sin embargo, ninguna de estas dos empresas están oficialmente presentes en Irán como consecuencia de las sanciones de Washington, y sus productos son importados por terceros o contrabandeados desde países vecinos.
Reimplantadas en 2018 por el ex presidente Donald Trump, las sanciones no incluyen la industria de los videojuegos, pero el riesgo de penalizaciones induce a las empresas especializadas a privar a los iraníes de sus productos, sin reconocerlo oficialmente.
Irán cuenta con unos 32 millones de videojugadores sobre 80 millones de habitantes, de acuerdo a un informe de la Fundación iraní de videos y juegos de computadora, publicado en septiembre.
A causa de las sanciones financieras, solamente pueden comprar juegos en Internet acudiendo a intermediarios, además, la mayoría de los iraníes no disponen de tarjetas bancarias internacionales que les permitan hacer transacciones.
Frecuentemente, los jugadores crean una dirección digital falsa y abren cuentas en plataformas especializadas. Eso sí, a riesgo de perder velocidad de conexión y, en consecuencia, calidad de resolución de los juegos.
AR