Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advierte que la aprobación de la reforma eléctrica que fue propuesta por el presidente López Obrador ocasionará sobrecostos para el país por al menos 63 mil millones de pesos por año.
Destacó que ese monto deberá ser pagado por usuarios o por el mismo gobierno, con recursos públicos y que incluso la reforma eléctrica generará amparos, impugnaciones internacionales, aplicación de aranceles, tarifas de luz más altas tanto para familias mexicana como para empresas, así como aplicación de aranceles.
Señaló que el resultado de correr un modelo de despacho con los nuevos criterios propuestos llevará a un incremento en el costo de abastecimiento del suministro básico por 15 mil 286 millones de dólares de 2022 a 2026, lo que resultaría al rededor de 63 mil 300 millones de pesos por año.
Quien también se pronunció fue José Medina, presidente de la Coparmex, quien afirmó que la iniciativa dañará a las familias y empresas mexicanas con elevadas tarifas eléctricas, incluso al medio ambiente debido a que afectará la operación de centrales eléctricas que utilizan combustibles que posee contaminantes como el carbón, combustoleo y diesel.
Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica golpeará el bienestar de todos los mexicanos
La iniciativa del Ejecutivo federal para reformar la Ley de la Industria Eléctrica es contraria a la Constitución y los tratados internacionales y se incumplirían compromisos internacionales en materia comercial y medioambiental, advirtió en una carta abierta la organización México Evalúa.
Expresó que si esta reforma se llegara a aprobar, “será una irresponsabilidad legislativa, pues se sabe con antelación de su inconstitucionalidad”.
La organización indicó que preocupa el cambio en las reglas de despacho de energía eléctrica, que tiene como fin privilegiar a plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) independientemente de los costos de generación, lo cual tiene implicaciones para el futuro del país y el bienestar de sus habitantes.
“Les pedimos que asuman la gran responsabilidad de su cargo y valoren a conciencia si vale la pena afectar directamente a la salud, el empleo, el medio ambiente, la economía de las familias mexicanas de esta generación y las venideras”, solicitó México Evalúa a los legisladores.
Aseveró que la iniciativa contraviene el régimen de libre competencia previsto en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, cuyo objetivo es alcanzar menores costos y mayor diversidad de productos en comparación con un modelo de monopolio.
Además, consideró que es imperativo que los legisladores tomen en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decretó la inconstitucionalidad del cambio en las reglas de mecanismo de despacho económico que se establecía en el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, el cual va en el mismo sentido que las modificaciones que se pretenden hacer en la Ley.
MGL