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Foto: Twitter @SFP_mx La actual administración federal en México ha recuperado 10 billones de dólares, destacó la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval  

Mediante reformas fiscales, la actual administración federal en México ha recuperado 10 billones de dólares, destacó la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, durante su participación en el Informe sobre Rendición de Cuentas, Transparencia e Integridad Financiera Internacional (FACTI, en inglés) para lograr la Agenda 2030.

Además, resaltó que durante el año 2020, se mejoró la supervisión de la administración también con el objetivo de “reducir los flujos ilícitos, y también las cuestiones de las exportaciones que representan 70% de nuestro PBI”, a través de mecanismos de control en aduanas

“Estamos comprometidos con la lucha contra la corrupción en todos los sentidos de la economía, y hoy es más importante que nunca conseguir esos objetivos. No podemos seguir condenando a millones de personas a vivir en la pobreza, mientras un puñado acumula la riqueza en todo el mundo”, expresó en su participación realizada en inglés y de forma virtual.

La representante de México se pronunció porque todos los países demuestren que son capaces de controlar problemas como el lavado de dinero y la evasión fiscal.

“Hay que apuntar a la responsabilidad concreta de los países más desarrollados, y ejercer presión para que los centros financieros cumplan con las normas de transparencia”.

Durante su participación, también se pronunció porque los países, incluidos los más ricos, combatan la corrupción en el mismo grado que se combate el terrorismo.

FACTI busca la integridad financiera y el desarrollo sostenible y retoma el análisis hecho por el grupo interagencial de trabajo de Naciones Unidas sobre flujos financieros ilícitos y los esquemas de la planeación fiscal agresiva de las corporaciones. Se propone un pacto en donde todos los países emprendan acciones para fomentar y fortalecer la integridad financiera para el desarrollo sostenible, y donde los recursos recuperados se utilicen para el desarrollo.

Las propuestas buscan impactar en los objetivos establecidos en la Agenda 2030, adoptada por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas en 2015.

 

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