Los hechos violentos que se registran durante los procesos electorales representan una de las amenazas más graves para nuestra democracia. La construcción de este sistema político que tanto ha costado perfeccionar se pone en riesgo ante el creciente número de ejecuciones y agresiones en contra de quienes ejercen una actividad relacionada con el servicio público, en particular, en tiempos de elecciones como las que se avecinan.
En el proceso electoral de 2018, según cifras de la consultora mexicana Etellekt, se registraron en distintos puntos del país 774 agresiones a políticos y 429 en contra de funcionarios designados sin pasar por las urnas. De este universo, 523 fueron asesinados. 48 eran precandidatos o candidatos a un puesto de elección popular.
Aunque pareciera una obviedad, diversos estudios sobre este tema coinciden en que existe una íntima relación entre grupos criminales y los diferentes casos que han salido a la luz pública. La gran interrogante surge al preguntar si las referidas agresiones son cometidas por la delincuencia en contra de funcionarios o, bien, son producto del clima de inseguridad que se vive por la creciente presencia del hampa.
Cualquiera que sea la respuesta, el elemento más preocupante que arroja esta situación es la evidente ausencia del Estado en muchas regiones del país. De todos es sabido que la delincuencia ha ganado terreno y utiliza la violencia para responder a las estrategias anticrimen del Gobierno, para presionar a políticos locales para obtener su protección y a fin de intimidar a candidatos que en un futuro pueden acceder al poder.
Ayer, la secretaria de Seguridad Ciudadana federal, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer el esquema que el Gobierno del presidente López Obrador habrá de poner en marcha para garantizar la seguridad de los aspirantes a puestos de elección popular, en un proceso, como es sabido, que representa la elección más grande de toda la historia, en el que serán elegidos 21,368 funcionarios públicos y 3,528 representantes populares.
El clima político y de seguridad que actualmente vivimos representa un caldo de cultivo para la violencia política. De acuerdo con datos proporcionados por la secretaria Rodríguez, entre septiembre de 2020 y febrero de este año, se han registrado 73 delitos relacionados con asuntos políticos, con 64 homicidios en ese periodo.
Bienvenido es todo esfuerzo de coordinación entre federación, estados, municipios y autoridades electorales por frenar la violencia en tiempos de elecciones. El reto para un país dividido y confrontado como el nuestro no es menor.
Segundo tercio. Difícil de entender el por qué la alianza PRI-PAN-PRD lanzó como su candidata al Gobierno de Baja California a un perfil sin la más mínima experiencia en el servicio público. Lupita Jones, Miss Universo en 1991, tiene todo el derecho de aspirar a un cargo de elección popular, nadie lo puede negar. La pregunta que surge es si realmente los partidos que la postulan tienen la intención de ganar en ese estado fronterizo.
Tercer tercio. Denigrante la imagen del pseudo reportero originario de Tamaulipas que se hincó ayer ante el presidente López Obrador para exigir la palabra. De ninguna manera puede considerarse periodista a este tipo de personajes que tienen acceso a Palacio Nacional sólo para llamar la atención.
@EdelRio70