La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, después de su aprobación en el Senado de la República, inevitablemente se va a judicializar y se tendrá que esperar a lo que resuelvan los jueces, consideró Raúl Pérez Johnston, especialista en temas constitucionales.
Muy probablemente, explicó, el destino de la iniciativa presidencial para cambiar las reglas de operación del sector eléctrico lo defina la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque es una ley federal que se estaría impugnando y es de competencia originaria del máximo tribunal del país resolver los amparos en revisión que le lleguen.
“Todos los litigios por las distintas vías, salvo los arbitrajes internacionales de inversión que se puedan promover por extranjeros, todo se terminará concentrando en la Suprema Corte”, indicó Pérez Johnston.
Precisó que al momento de la publicación de las reformas a la ley se pueden presentar la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, y a partir de la entrada en vigencia se podrán promover los amparos.
Pérez Johnston expuso que la reforma es muy controversial, pues busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en detrimento de la participación de los inversionistas privados en el mercado, afectando con ello las reglas de competencia libre e igualitaria.
Además, dijo, se hace de manera artificial y afecta los compromisos nacionales e internacionales que tiene el país en el combate al cambio climático, y las metas de transición energética para reducir los gases de efecto invernadero.
“Las acciones jurídicas pueden prosperar porque la Constitución se reformó hace unos años para establecer nuevas reglas dentro del sector energético, en el que se privilegia la seguridad y la confiabilidad del sistema a través de la rectoría del Estado en los que se establecieron los principios de eficiencia económica y sustentabilidad”, detalló el experto.
Consideró que hay otras vías para fortalecer a la CFE, como hacerlo a través de una reestructuración corporativa e incluso un cambio de régimen fiscal, “pero hacerlo relegando de manera artificial a los competidores en el mercado con ventajas indebidas no es la forma como la Constitución prevé que debe funcionar el sector eléctrico”.
AR