La defensa legal de Rosario Robles, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ofreció aportar información a la Fiscalía General de la República (FGR) contra Luis Videgaray Caso ex secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, así como otros funcionarios.
El abogado Sergio Arturo Ramírez manifestó que han conversado con la FGR y la próxima semana tendrán una interacción entre los ministerios públicos que forman parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para empezar a tener las pláticas mediante las cuales Robles se va a acoger a la figura de testigo colaborador.
En conferencia de prensa, comentó que este acuerdo está relacionado con el expediente por delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de la exfuncionaria y que esta nueva negociación es independiente de la que se efectuó por la llamada Estafa Maestra ante la fiscalía de Delitos Federales de la FGR.
“Se tiene en conciencia que los elementos que tiene Robles para formular diversas acusaciones y ofrecer diferentes elementos de prueba ante SEIDO son lo suficientemente contundentes para poderse acoger la figura de testigo colaborador”.
“En la parte de delincuencia organizada sí hay fórmula para generar un criterio de testigo colaborador donde ella ya está de acuerdo y conforme en platicar con la Fiscalía para dar toda la información”.
También resaltó que la acusación que haría su cliente no está encaminada a imputar al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; ni al expresidente Enrique Peña Nieto.
“De las investigaciones y narrativas que hemos tenido de los hechos, en ningún momento se precisa el nombre de Miguel Ángel Osorio Chong; el del expresidente Enrique Peña Nieto se menciona, mas no ha habido todavía objeto de que vaya a ser parte de las evidencias”.
Respecto al caso de la Estafa Maestra, el abogado comentó que el 26 de marzo se realizará la audiencia intermedia, donde la FGR imputará a la exservidora pública el delito de ejercicio ilegal del servicio público.
La ex funcionaria es señalada por el probable delito de uso indebido del servicio público por ser presuntamente omisa de un desvío de más de 5 mil millones de pesos.
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