El auditor especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Agustín Caso Raphael, aseguró que nadie miente cuando el organismo autónomo calculó el costo de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco en casi 332 mil millones de pesos, y la Secretaría de Hacienda aseveró que al menos 75% de lo reportado está erróneo.

“Nadie está mintiendo, no hay dicotomía respecto de si una visión u otra es la correcta; una visión obedece a una metodología, una mira la cancelación con una perspectiva amplia y la otra de manera acotada y estricta. En el caso de las auditorías de cumplimiento financiero, que son muy valiosas, lo que se ve son los árboles; en las auditorías de desempeño lo que se ve es el bosque”, expresó el funcionario al comparecer ante la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados.

Caso Raphael enfatizó que las cifras que presentaron para el proyecto del NAIM no son definitivas, sino estimaciones del mismo proceso económico: “Hay muchos imponderables para llevar esto a buen término, y muchas estrategias que el Gobierno federal puede seguir para mitigar los costos de la cancelación”.

El auditor especial de Desempeño fue suspendido de su cargo al abrirse una investigación para determinar el por qué de las inconsistencias o discrepancias que dieron como resultado un monto superior al 200% a lo que tenía proyectado la administración federal para liquidar el NAIM.

“No vengo a defender a capa y espada una cifra, vengo a poner sobre la mesa las razones por las cuales se presentan, con igual validez, dos ópticas distintas a explicar los procesos legales en los que habrán de ventilar estas diferencias, pero que no son verdades excluyentes”, dijo.

La publicación de los resultados, como parte de la Cuenta Pública 2019, provocó el reclamo del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, de quien depende la ASF, pues acusó dolo y una intención política de dañar su administración, pues la cifra era más de 200% superior a lo que, aseguró, costó terminar el proyecto en Texcoco.

El auditor especial sostuvo a lo largo de toda su comparecencia que no existió dolo o motivación política en el equipo que realizó la auditoría.

“No estamos ante un hecho completamente pagado y cerrado; se trata de un proceso dinámico que tiene un conjunto de escenarios jurídicos, financieros y económicos, que pueden concretarse hasta en 26 años”, dijo.

Enfatizó que nunca se presentó un pliego de observaciones como cuantificación de un presunto daño a la Hacienda Pública, ni existe señalamiento a ningún servidor público, ni promoción de sanción por conductas graves ni no graves.

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